Uno de los argumentos que se ha utilizado desde Valencia a la hora de plantear la derrama es que precisamente ésta fue la fórmula que utilizó en su día la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) para salvar los muebles, hace casi diez años, al tener que afrontar el pago de 2,15 millones de euros como consecuencia del mal uso de fondos de la Generalitat destinados a cursos de formación entre los años 1993 y 1995, tal y como reconoció el TSJ. m. p.
