CC.OO. y UGT han reclamado la paralización de la convocatoria de formación de jóvenes de 2015, que había movilizado 40 millones de euros, al detectar fraude de ley, abusos de derecho y la concentración de subvenciones en pocos beneficiarios. Los sindicatos señalan que algunas «redes de consultoras y centros» han conseguido la máxima valoración técnica para obtener parte de este pastel mediante «subterfugios y artificios», de modo que los proyectos con propuesta de aprobación, «si bien tienen apariencia de legalidad, no cumplen los fines de la convocatoria».
