La zona franca del Puerto como polo dinamizador en una de las provincias más castigadas por la infrafinanciación y, además, en la comunidad autónoma peor financiada, y todo ello con una tasa de desempleo del 23% y una renta per cápita que ha caído un 30% en la última década. Eso es lo que defendió ayer el presidente del «lobby» Ineca, Perfecto Palacio, en el primer foro empresarial organizado por la Diputación. Con la OAMI como escenario, y ante un auditorio que rozaba el medio millar de asistentes, el Instituto de Estudios Económicos Provincia de Alicante presentaba el estudio de viabilidad de la zona franca, que le encargó este verano la institución de César Sánchez. Fue en este contexto en el que Ineca, respaldada por el resto de organizaciones empresariales, no sólo defendió la necesidad de que el proyecto salga adelante, sino que, además, argumentó que la zona franca puede llegar a crear, tirando por lo bajo, cerca de 15.000 empleos, mientras que la facturación directa superaría los 1.200 millones de euros anuales, y la recaudación por impuestos municipales ascendería a un millón de euros fijos en cada ejercicio. No sólo eso. El informe plantea un emplazamiento compartido entre el Puerto y el parque industrial de Torrellano, lo que permitiría potenciar el eje Alicante-Elche.
De entrada, el acto puso en evidencia que, cuando toca, y pese a la guerra encarnizada entre organizaciones, el empresariado es capaz de aparcar sus diferencias, y así lo hizo apoyando sin fisuras un proyecto que cuenta con el respaldo de todos ellos. Otra cosa fueron los políticos. La presentación se desarrolló en ausencia de representantes del Consell, y tampoco estuvo el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert. Desde el Consell poco menos que argumentaron que se les había convocado tarde y mal, mientras que, desde el Palacio de la avenida de la Estación, se mantuvo que habían enviado la invitación como al resto de asistentes, a principios de semana.
Sí estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que hubo momentos en que ejerció más de candidato del PP por Alicante para el 20-D que de ministro -que era en calidad de lo que se le había convocado-, y que más bien se mojó poco respecto a la zona franca. Sí, alegó que fue diputado en las Cortes constituyentes por Melilla, y en aquel entonces ya trabajó por una zona franca para la ciudad autónoma. Argumentó eso, y que el Mediterráneo va a ser clave, ahora que el centro del mundo se está trasladando al Pacífico. A partir de ahí, se acabaron los guiños, sin poner sobre la mesa compromiso alguno.
Más explícita y firme, como es lógico, fue la defensa que hizo el presidente de la Diputación, César Sánchez. Al fin y al cabo, su corporación ha sido la promotora de este proyecto. En esta línea, hizo hincapié en que la zona franca parte del consenso, pese a que no hubo representantes de la Generalitat, y añadió que lo que se quiere es implicar también a la sociedad.
En cualquier caso, el más incisivo en sus argumentos fue el presidente de Ineca, que, pese al tono conciliador que siempre le caracteriza, sacó su lado más reivindicativo. No sólo denunció la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y, en particular, de Alicante, sino que se quejó de que «somos una tierra repleta de "casis". Tenemos casi dos vías para unir Benidorm con Madrid, casi dos carriles para el aeropuerto, casi un puerto de pasajeros o mercancías, y casi tenemos también un carril bici para llegar a la OAMI». Eso poco menos que le sirvió para hacer un llamamiento a que la zona franca no se quedara en el «casi», que tuviera continuidad, y todo ello lo hizo subrayando que éste un planteamiento que puede hacer provincia. Muy ligado a la zona franca, también dejó claro que es necesario que las obras del Corredor Mediterráneo finalicen cuanto antes, y abogó por la colaboración público-privada para sacar adelante iniciativas.
A partir de ahí, llegó el turno del director de proyectos de Ineca, Joaquín Melgarejo, encargado de presentar el informe, titulado «Acciones de regeneración del tejido empresarial de la provincia de Alicante: zona franca para la provincia de Alicante», y, por tanto, de dar los detalles técnicos. Expuso que el emplazamiento se distribuiría entre el Puerto, con 100.000 metros cuadrados; y la zona de Elche Parque Empresarial, con 600.000 metros cuadrados más. De no salir adelante esta propuesta, se optaría por Bacarot. En cuanto a la inversión, serían necesarios 27 millones, que podrían ser sufragados por las diferentes administraciones.
