Coepa vive hoy su momento más crítico, desde que se constituyera oficialmente el 30 de mayo de 1978 en un acto celebrado en la entonces sede del Banco de Alicante. Los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la patronal a lo largo de estos 37 años de historia han sido muchos y de lo más variados. Sin embargo, nada comparable a la situación que se vive en estos momentos. La demanda de embargo que hizo efectiva el Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el pasado 13 de octubre ha puesto contra las cuerdas a la organización. El banco de la Generalitat reclama casi 4 millones de euros: algo más de 3 millones por el principal e intereses ordinarios y de demora; y otros 900.000 euros por los intereses que se puedan ir generando mientras dure el proceso y hasta que se cancele la deuda del centro de oficios. Como respuesta, Coepa presentó el pasado miércoles el preconcurso de acreedores, para ganar tiempo. Ahora bien, las complicaciones no se acaban ahí: la confederación que preside Moisés Jiménez podría verse obligada a devolver casi 1,7 millones de euros por ayudas de la Generalitat y fondos europeos, a lo que habría que sumar los intereses de demora, si el inmueble se destina a otra cosa que no sea formación, con lo que, sumado a lo que pide la Generalitat, se llega a los 6 millones. Al menos, ésa es la cifra que se maneja hoy por hoy en círculos empresariales, y en el propio Consell, después de que a finales de octubre venciera una de las subvenciones por valor de 350.000 euros. Y ello a pesar de que, desde el principio, en determinados sectores de empresarios incluso se ha llegado a lanzar el interrogante si con el simple cambio de titularidad del inmueble ya se podría abrir la puerta a ese reintegro. No sólo eso. El centro de oficios cerró la persiana en septiembre de 2012, por más que, desde la dirección, se mantenga ahora que el inmueble siempre ha estado funcionando, aunque con una intensidad más baja. Eso también lleva a algunos a cuestionar que se haya cumplido durante los últimos años el fin que marcaban las ayudas, por lo que, al final, el resultado podría ser peor: el importe que se tendría que devolver se podría disparar.
Los convenios firmados para recibir esas subvenciones con las que se financió parte de la construcción del centro de oficios -y que llegaron a situarse en los 3,8 millones- establecían la necesidad de mantener la finalidad de la inversión durante el plazo marcado por los acuerdos, que en algunos casos llega hasta 2020. Tanto es así que, ejercicio tras ejercicio, los sucesivos informes de las cuentas que han ido pasando por las asambleas de la patronal siempre han alertado del riesgo de tener que reintegrar las ayudas recibidas, por más que, de puertas hacia fuera, los de Moisés Jiménez siempre hayan mantenido lo contrario.
«Debido a que la construcción de dicho centro se benefició de subvenciones que estaban condicionadas al uso de las instalaciones para actividades formativas, en todas las soluciones que se barajan en cuanto a la entrega de estos activos es condición necesaria que se mantenga adscrito dicho edificio a la actividad de formación», dice literalmente el documento que pasó por la asamblea de junio de este año, para añadir a continuación que, «de darse el caso de estar obligado a la devolución de las subvenciones recibidas, que en su momento ascendieron a 3,8 millones de euros, la confederación vería reducido su patrimonio y tendría que reconocer un nuevo pasivo por dicho importe, lo que podría condicionar de forma determinante el futuro de la confederación».
Precisamente esta circunstancia es una de las que más ha sopesado el IVF a la hora de negarse en rotundo a una dación en pago, tal y como ha sostenido el propio director del banco de la Generalitat, Manuel Illueca. El edificio sólo puede utilizarse para impartir cursos, porque así lo marcan las ayudas recibidas y porque así está estipulado en el convenio por el que el Ayuntamiento de Alicante cedió el suelo. Eso dificulta que, llegado el caso, el Consell pueda tratar de buscar alguna salida para recuperar los activos invertidos por el Gobierno valenciano. Eso, y que el Servef también dejó claro en su momento que tiene suficientes edificios. ¿Quién va a querer comprar un inmueble que sólo puede destinarse a actividades formativas? Ésa es la cuestión principal que ha llevado al IVF a tener bien claro que la única solución pasa por pagar, aunque sea a través de un comprador. Otra cosa es qué pasaría con un cambio de titularidad y si eso podría derivar de nuevo en el reintegro de las ayudas.
Hasta la fecha, la dación en pago es la única salida que han contemplado y han vendido desde la patronal alicantina, que, como ha hecho tradicionalmente, sigue fiando su supervivencia al Consell. El propio Moisés Jiménez dejaba a las claras la postura de la confederación esta misma semana: «O el IVF se queda con el centro de oficios porque llegamos a un acuerdo, se llame dación en pago o se llame de otra forma; o hacemos un concurso, liquidamos y el IVF se queda con el centro igual», avisaba. A partir de ahí, lo que pueda pasar con las ayudas y su posible reintegro poco importa ya, sostienen desde el núcleo duro de la confederación. La postura que se mantiene es que, una vez muerta Coepa, ya no hay dónde reclamar, sobre todo si se parte de la base de que la organización volvió a cerrar 2014 con fondos propios negativos: el resultado de restar el excedente del ejercicio al fondo social dio una cifra negativa que llega a los 1,8 millones de euros. Nadie quiere hablar dentro de las posibles responsabilidades personales.
En cualquier caso, ese gesto de fiar toda su supervivencia a lo haga el Consell es lógica. Al final, la Generalitat hasta ahora siempre había respondido, desde Zaplana a Camps, pasando por el propio Fabra, quien, dadas las circunstancias, no pudo tirar de subvenciones, pero sí les perdonó la vida. El último Ejecutivo autonómico del PP sólo acabó reclamando la deuda cuando se vio acorralado en vísperas del 24-M por una querella del presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, contra la anterior directora del IVF, Mariona Roger.
La dependencia de Coepa llegó a tal extremo que hubo no pocos presupuestos en los que las aportaciones públicas -fundamentalmente del Consell- llegaron a superar el 90% de los ingresos. Coepa, a cambio, encabezó protestas y manifestaciones cuando desde arriba así se pedía. Ahora, desde la confederación lo que alegan es que su único error fue el exceso de confianza en el PP y en que el grifo de las ayudas públicas, pasara lo que pasara, nunca se cerraría. Culpan al PP por primera vez en su historia, pero también tienen para el Ejecutivo de Puig y de Oltra. Poco menos que Moisés Jiménez venía a decir que esta puntilla que se le acaban de dar a Coepa -unida a la crisis de IFA- forma parte a la estrategia de la Generalitat de querer acabar con las provincias. «¿Por qué no han dicho nada de esto durante todos los años que gobernó el PP?», cuestionaba el viernes el propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, claramente sorprendido, y ofendido, por la posición adoptada por el presidente de la patronal. La lectura que se hacía desde Consell es que, al final, esto no son más que las declaraciones de alguien que se sabe desahuciado.
No mucho mejor ha caído la situación que se está viviendo en Alicante entre el empresariado valenciano y, en particular, entre la patronal autonómica Cierval y entre la provincial de Valencia. De un lado, algunos empresarios alicantinos ya han alertado en la capital del Turia de las posibles repercusiones -negativas- que, llegado el caso, esto podría tener para Cierval, incluso con alguna acusación velada de que ellos mismos han sido cómplices de esta situación, porque en su día aplaudían todo lo que se hacía desde el núcleo duro de Coepa. De otro lado, está el sector que siempre ha abogado por acabar diluyendo las provinciales para poder contar con una autonómica fuerte. Les basta con escudarse en la división interna en Alicante y en la deuda por las cuotas que arrastra Coepa. Para acabar de rizar el rizo, afirmaciones como las que han salido desde la dirección de Coepa en los últimos días, con quejas hacia Cierval por no haber dado la cara por Coepa, e incluso con pataletas del tipo de que la autonómica ha sido de las que han contribuido a crear esta crisis en beneficio propio, no han ayudado en absoluto. El malestar es más que evidente en Valencia, y los guiños con los sectores críticos de Coepa empiezan a ser cada vez más frecuentes. Ya ha empezado a haber movimientos para tratar de tender puentes con ésos que en su día fueros expulsados de la patronal o de su directiva, lo que, a efectos prácticos, viene a ser lo mismo. Sin ir más lejos, en algún que otro acto celebrado hace nada en Valencia ya se han empezado a ver estos gestos.
Ahora bien, pese a ese discurso vicitimista frente a Valencia, no hay que perder de vista que puede ser el Ayuntamiento de Alicante el que acabe firmando la sentencia de muerte. De momento, ya ha creado una comisión de investigación para ver si se ha cumplido el convenio firmado en su día por el que se cedió el suelo a cambio de que allí se impartiera formación, y está a expensas de que tanto la patronal como los servicios jurídicos municipales entreguen los informes que se le han pedido. Sea como sea, Gabriel Echávarri, siendo aún alcaldable, ya dio por hecho que el convenio se había incumplido y que recuperar el suelo -y el edificio- era cuestión de tiempo. Sólo un dato: éste parece que es de los pocos puntos que cuentan con el consenso del tripartito.
Ante este escenario, la conclusión es clara: la situación es muy complicada. Si el Consell no remata la partida, la puede acabar rematando el Ayuntamiento. Mientras tanto, Coepa se aferra a la única tabla a la que se ha aferrado siempre, a la de las ayudas públicas. Se agarra eso, mientras reparte a diestro y siniestro, tratando de eludir cualquier tipo de responsabilidad y huyendo de toda autocrítica. Quién firmará la sentencia es una incógnita, pero de seguir así es probable que nadie acabe saliendo en su defensa.
