El Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), está negociando con diversas empresas que se han interesado por la llamada operación Citrus, es decir, la subasta de los inmuebles adjudicados por la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la alocada política prestamista de la entidad avalista durante los años de la burbuja inmobiliaria, cuando financió en exceso operaciones de ese sector o con garantías de ese tipo. La Generalitat, que controla el 40% del capital de la sociedad, espera que la venta de esos activos pueda estar formalizada en marzo.
Las fuentes consultadas por este diario, conocedoras de la marcha de las negociaciones, aseguran que, de todas las ofertas recibidas por Citrus, hay dos «buenas», una de las cuales estaría dispuesta a superar los 170 millones en que esta tasada la cartera, compuesta especialmente por naves y solares. Se trata de dos fondos de inversión extranjeros que ya tienen experiencia en el mercado español.
Esta operación es crucial para el futuro de la SGR, que lleva más de un año inmersa en las negociaciones. Cuanto más dinero logre con la venta de los activos adjudicados, más recursos tendrá para disminuir su deuda con la banca, lograr nuevos créditos que garanticen su viabilidad y aliviar los problemas del Consell.disminuir su deuda con la banca
Por otro lado, la Intervención de la Generalitat se ha mantenido en sus trece y ha transmitido al IVF que no debe hacerse cargo de aquellos avales procedentes de operaciones sin racionalidad económica efectuadas por la SGR al amparo del convenio con la Administración autonómica. Tampoco debe hacer frente a doce millones en avales que quedaron fuera de dotación presupuestaria en 2010. Esta resolución se produce después de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu, reclamado por el instituto, que concluye que los avales a la SGR no pueden ser considerados como tales desde el punto de vista jurídico. La Intervención, por contra, cree que a efectos patrimoniales sí lo son.
