Un juez dictamina que los trabajadores de Suma también deben ser funcionarios

Los tribunales fallan a favor del sindicato UGT, que recurrió el mantenimiento de los empleados del organismo de gestión tributaria como personal laboral - La Diputación Provincial ya ha anunciado que recurrirá la sentencia

17.11.2015 | 01:54
Un juez dictamina que los trabajadores de Suma también deben ser funcionarios

Varapalo judicial a la Diputación de Alicante. La institución provincial deberá convertir en funcionarios a la mayor parte de los trabajadores de Suma, hasta ahora considerados como personal laboral contratado, si se confirma la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante acaba de hacer pública y que estima en su totalidad el recurso que la Federación de Servicios Públicos de la UGT había presentado en este sentido.

En concreto, tal y como reclamaba el sindicato, el magistrado anula en su auto la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por Suma en el año 2011, en la que se recogía la citada condición de personal laboral para la mayor parte de la plantilla de este organismo de gestión tributaria, y reconoce el derecho de los empleados a que «se inicie el proceso de funcionarización» de sus puestos de trabajo, ya que considera que las tareas que desarrollan son propias de la función pública.

Un proceso, eso sí, que deberá negociarse con la Diputación y pasar todos los trámites administrativos que exige la legislación antes de ser efectivo, lo que puede demorarse «varios años», según reconocía el presidente del comité de empresa, Vicente Bas, quien, no obstante, destacaba «la victoria» que el fallo supone para los trabajadores.

Además, también hay que tener en cuenta que la sentencia no es firme y que la institución provincial presidida por César Sánchez ya ha anunciado su intención de presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Al respecto, aseguran que ya hay varias sentencias de otros juzgados en los que se rechazaban las pretensiones de distintos sindicatos en este mismo sentido.

De hecho, en el caso de UGT, se trata de la tercera ocasión en que esta central acude a la justicia para conseguir que los empleados de Suma tengan la consideración de funcionarios desde que en 2003 presentó su primer recurso. El caso incluso llegó al Tribunal Supremo, que lo tumbó por falta de concreción y no llegó a juzgar la cuestión de fondo, lo que ha permitido que ahora se haya vuelto a tratar, esta vez, con resultado favorable para los trabajadores.

Según el sindicato, si el fallo se convierte en firme, podrán beneficiarse alrededor de 430 de los 500 empleados de Suma, los que tienen la condición de fijos tras haber superado un concurso-oposición, mientras que quedarían fuera los que no han aprobado esta prueba para ocupar su puesto.

Las mismas tareas
En su recurso, UGT alegaba que el trabajo desarrollado por el personal de Suma «se corresponde claramente con la producción de actos administrativos y con el ejercicio de potestades públicas administrativas», por lo que debía ser desempeñado por funcionarios públicos y no por personal laboral. A modo de ejemplo, cita que la plantilla del organismo de gestión tributaria de la Diputación es responsable de tramitar altas en el padrón del IBI, resoluciones de embargos o de levantar actas por cese de actividad, entre otras tareas propias de los empleados públicos. Un razonamiento que el juez ha hecho suyo.

Por el contrario, la Diputación trató de oponerse a estos argumentos negando que el trabajo realizado por los empleados de Suma sea propio de los funcionarios e, incluso, recordando que sus necesidades de plantilla varían en función del número de municipios que le encomienden la recaudación de sus impuestos. Además, también apeló a la autonomía de las administraciones locales para organizar a su personal de la manera en que crea oportuno e, incluso, trató de alegar la disposición transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público, que permitía que los trabajadores que tuvieran categoría de personal laboral continuaran en esta posición tras la entrada en vigor de esta normativa.

Sin embargo, la sentencia señala que «la norma general es la de que los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos, así como los de las entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean desempeñados por funcionarios públicos». Y así lo cree, también, en el caso concreto de los puestos de trabajo de Suma. Por eso, estima el recurso contra la Relación de Puestos de Trabajo del organismo e insta a la Diputación a iniciar el proceso de «estudio, negociación y tramitación administrativa» para la funcionarización de sus empleados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Enlaces recomendados: Premios Cine