Un juez obliga a la Diputación de Alicante a convertir en funcionarios al personal de Suma

La justicia da la razón al sindicato UGT, que interpuso un recurso contra la clasificación de los empleados del organismo autónomo de gestión tributaria como personal laboral - La sentencia no es firme y cabe recurso ante el TSJCV

17.11.2015 | 00:53
Una oficina de SUMA en Alicante

La Diputación de Alicante deberá iniciar un proceso para convertir en funcionarios a la mayoría de los trabajadores de Suma, que hasta ahora estaban considerados en su conjunto como personal laboral fijo. Así lo ha acordado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 Alicante, que ha estimado el recurso que el sindicato UGT presentó en este sentido en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

De esta forma, la institución provincial deberá iniciar un «proceso de funcionarización» de la mayoría del medio millar de trabajadores con los que cuenta el organismo autónomo de gestión tributaria, que se encarga de recaudar la mayor parte de los impuestos que cobran los municipios de la provincia. Se trataría, según UGT, de aquellos que tienen la consideración de personal laboral fijo tras haber superado un concurso-oposición y que sumarían alrededor de 430 personas. Quedarían fuera los que no han superado ese concurso.

El juez ha aceptado en su totalidad los argumentos esgrimidos por UGT, que presentó un recurso contra la relación de puestos de trabajo aprobada por la Diputación en el año 2011, en la que se consideraba personal laboral a los trabajadores de Suma. El sindicato, sin embargo, esgrimió que la tarea de estos trabajadores «se corresponde claramente con la producción de actos administrativos y con el ejercicio de potestados públicas administrativas», un razonamiento que comparte el magistrado. Tareas, por lo tato, que deben ser desempeñadas por personal funcionario.

Por ello, dictamina que se inicie un «proceso de funcionarización que adapte el régimen jurídico» del personal de Suma. Contra la sentencia, que todavía no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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