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La amenaza de embargo fuerza a Coepa a solicitar el preconcurso de acreedores

La patronal provincial trata de ganar tiempo para llegar a un acuerdo con el IVF

Reunión de la junta directiva de Coepa ayer. INFORMACIÓN

La patronal alicantina no ha tardado ni una semana en reaccionar después de que el Instituto Valenciano de Finanzas reclamara por vía judicial el embargo de todos sus bienes y subvenciones por el impago del crédito de tres millones de euros que le concedió en 2006 para la construcción del centro de oficios y que, con los intereses, rozarían ahora los cuatro millones. Y eso a pesar de que sus máximos responsables aseguran que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. En una reunión extraordinaria celebrada ayer en IFA, la junta directiva de Coepa aprobó por unanimidad acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal -lo que popularmente se conoce como preconcurso de acreedores- en un intento de paralizar los efectos de esta demanda y de ganar tiempo para lograr un acuerdo político que le permita salvar la situación.

Una solicitud que los asesores legales de la organización, pertenecientes el prestigioso bufete de abogados de Garrigues, tienen previsto formalizar hoy ante los tribunales, según confirmó a este diario el propio presidente de Coepa, Moisés Jiménez. Una vez aceptado por el juzgado, la declaración de preconcurso otorgará a la patronal un plazo de cuatro meses para alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes de entrar oficialmente en concurso.

La principal ventaja de esta decisión es que, durante este periodo, no se le podrá embargar ningún bien ni ningún fondo necesario para el desarrollo de su actividad lo que, por ejemplo, le permitiría recibir las ayudas previstas para los agentes sociales en la nueva Ley de Participación Institucional, que prevén el reparto de hasta 2,6 millones de euros entre las organizaciones empresariales de la Comunidad. O al menos eso es lo que esperan los responsables de la organización, que señalan que los más beneficiados serían los trabajadores de la misma, que están a la espera de este dinero para cobrar las cuatro nóminas que ya se les adeudan.

Plan de acción

Pero, sobre todo, el principal objetivo de esta medida es aprovechar estos meses para desplegar toda una ofensiva institucional -un «plan de acción», lo denominaron ayer en el comunicado remitido tras la junta- para recabar el máximo número de apoyos posibles entre los partidos políticos y convencer al Consell de la necesidad de llegar a una solución «política». O en otras palabras, que el IVF acepte la dación en pago del centro de oficios a cambio de liberar definitivamente a Coepa de esta deuda.

«Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y hemos logrado pagar toda la deuda que teníamos con los bancos y con los proveedores, unos 4,5 millones de euros, y sólo nos queda por resolver este tema. No entendemos la actitud de la Generalitat», señalaba ayer Jiménez a la salida del encuentro.

Al respecto, varios de los asistentes consultados ayer por este diario reconocían que los dirigentes de la organización no han sabido «sintonizar» con los nuevos responsables económicos de la Generalitat, lo que podría haberles perjudicado en este asunto. Una situación que ha sabido aprovechar el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, para postular su organización como la más representativa entre el empresariado alicantino ante una posible caída en desgracia de Coepa. «Nos encontramos ante un panorama político diferente y vamos a acudir a todas las instituciones para conseguir que Coepa continúe su labor», apuntaba el presidente de la patronal, reconociendo las dificultades de comunicación con el Consell.

Evitar la liquidación

No obstante, todos confían en que las aguas se puedan reconducir y se acabe evitando la disolución de la patronal, algo a lo que prácticamente estaría abocada la organización si no logra un pacto antes de que transcurran los cuatro meses de plazo, como también admitía Moisés Jiménez. Además, señalan que las pretensiones de que el IVF acepte una dación en pago no serían descabelladas ya que el edificio está tasado en unos 5,5 millones de euros, una cantidad más que suficiente para saldar la deuda. Por si acaso, otras de las decisiones de ayer fue la de pedir una nueva valoración para reforzar sus argumentos.

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