Bruselas y Berlín exigieron ayer transparencia a Volkswagen y la asunción de los costes que pueda tener para los clientes la manipulación de los datos de emisiones, ante la extensión del escándalo que afecta al mayor fabricante de vehículos de Europa. Mientras, las acciones de Volkswagen cayeron con fuerza en Fráncfort después de que la compañía reconociese el martes motu proprio haber descubierto que 800.000 vehículos registran emisiones irregulares de CO2, de los que 98.000 son de gasolina, lo que da una nueva dimensión al caso.
La Comisión Europea (CE) instó a Volkswagen a aclarar al detalle y «sin demora» las nuevas «irregularidades» que ha detectado, y advirtió de que el caso podría derivar en sanciones. «La CE tiene poderes de ejecución para asegurar que los fabricantes automovilísticos respetan sus metas de reducción de CO2, lo que incluye la imposición de sanciones a los fabricantes», dijo la portavoz comunitaria Lucía Caudet.
Bruselas quiere saber por qué las emisiones reales difieren de las teóricas, qué modelos están afectados, en qué países se han comercializado y qué medidas va a tomar el grupo para remediar la situación. Por su parte, el ministro de Transportes alemán, Alexander Dobrindt, consideró «inaceptable» que una empresa haya tomado medidas para falsear sus emisiones y aseguró que VW debe asumir su «responsabilidad» en todos los frentes derivados de este escándalo.
El anuncio de Volkswagen se suma a la denuncia de septiembre de la Agencia para la Protección Medioambiental (EPA) de EE UU contra varios motores diésel (que afecta a 9,5 millones de vehículos) y a la alerta que este lunes lanzó ese mismo organismo, asegurando que había más modelos del grupo (esta vez de gama alta) que emitían por encima de lo especificado.
