En la Audiencia Nacional. Ahí es donde nueve de los 22 imputados en el procedimiento abierto contra el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, por el cobro de 640.000 euros en concepto de dietas quieren que se quede la causa. El exdirector general de la caja Roberto López Abad, el vicepresidente Ángel Martínez, los exconsejeros Martín Sevilla, Luis Esteban, Aniceto Benito, Oscar Strada, Raquel Páez y Benito José Nemesio, así como quien fuera letrado de la entidad Juan Martínez Abarca han presentado sendos escritos en los que se oponen a la postura del fiscal a favor de que este proceso continúe tramitándose en los juzgados de Alicante en vez de en la Audiencia Nacional, donde se inició y se ha venido instruyendo hasta hora.
El acusador público planteó este cambio para evitar, argumentó, que pudiera surgir un conflicto de competencias, dado que la cuantía de lo cobrado presuntamente de modo ilegal por Modesto Crespo no era tan elevada como para poner en riesgo la economía nacional y porque quién él considera único perjudicado de la actuación del expresidente de la caja, la participada primero por la CAM y ahora propiedad del Sabadell Tinser Cartera (a cuyo frente se situó el empresario ilicitano para percibir esas retribuciones) tiene su sede en Alicante.
Contra este planteamiento no sólo se manifestó el instructor del proceso, el magistrado Juan Pablo González, sino que también lo han hecho los nueve imputados antes citados sin que el resto, incluido el propio Crespo y los demás miembros del consejo en el que se dio luz verde a estas dietas (parte de ellas con carácter retroactivo), hayan tomado partido ni en un sentido ni en otro.
Los recurrentes recuerdan que fue el fiscal quien impulsó esta investigación precisamente como pieza separada de la principal (la que investiga el presunto falseo de la cuentas de la CAM en la que han sido procesados ocho exdirectivos de la entidad, entre ellos López Abad y Crespo, ambos imputados también en el asunto de las dietas) e insisten en la conexidad de los hechos. En sus escritos señalan que si la Audiencia Nacional es competente para asumir un asunto de la gestión de la CAM lo es para todos o que, de no serlo, no lo sería para ninguno.
Al margen de estos argumentos recuerdan también que el fiscal plantea el cambio cuando la instrucción está prácticamente concluida con lo que, de trasladarse el asunto a Alicante, se produciría una demora en su conclusión que era precisamente lo que se quería evitar cuando se abrió como pieza separada.
Tampoco está de acuerdo con el traslado la Fundación CAM que, como acusación particular, ya ha pedido que las actuaciones continúen, pero únicamente contra Crespo. Esta parte también difiere del planteamiento del fiscal en cuanto a quién es el perjudicado que para la Fundación no es otro que la Obra Social de la CAM y, por ende, todos destinatarios de las ayudas que de ella emanaban.
La sección segunda de la Audiencia Nacional, a quien ha correspondido ver los recursos de apelación, tiene ahora la palabra.
