Difuminar su mala gestión. Este es el motivo por el que, según los empresarios Juan Ferri y José Baldó, presentó Bankia la denuncia por la que acaban de pasar cuatro meses entre rejas. Una actuación que dio pie a la Audiencia Nacional a abrir el proceso en el que se está investigando la financiación que los hoteleros de Benidorm recibieron de Bancaja (actual Bankia) y el Banco de Valencia (ahora Caixabank) para proyectos en el Caribe mexicano bajo la denominación de Grupo Gran Coral. La investigación provocó la detención, además de los empresarios, de la cúpula directiva de ambas entidades, donde estaba el exjefe del Consell José Luis Olivas.
Ferri y Baldó, que pudieron abandonar la cárcel el jueves tras pagar los seis millones por cabeza que les había impuesto el juez como fianza, mantienen en un escrito que obra en la causa que Bankia «bloqueó» Gran Coral «e impidió su marcha regular y la obtención de beneficios». Tal era el desinterés de las entidades en el proyecto mexicano que, según relatan los empresarios, «estaban cerca de formalizar un acuerdo con un grupo inversor por el que vendían el 100% de su participación (es decir, el 65% de la compañía) a coste cero y transmitían la deuda crediticia pendiente al 50% (...) financiando incluso dicha operación».
Para el representante legal de Ferri y Baldó, esta operación «carente de racionalidad económica» sólo se justifica «si se pretende provocar una pérdida que pueda ser reclamada a mis representados y al resto de imputados en esta causa». El acuerdo se truncó, según esta versión, por la negativa de los hoteleros a formalizarlo sin una cláusula que les eximiera de responsabilidad «ante las pérdidas que con él se estaban causando».
Los empresarios, que continuarán con el pasaporte retirado, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, mantienen que las ofertas que tiene el Grupo Gran Coral por una parte de sus activos «suman un importe total superior a los 361 millones de dólares, con lo que se podría afrontar una parte importante de la deuda y aún quedarían activos suficientes para seguir operando en el mercado».
Destacan también que a partir de 2011, cuando el FROB pasó a ser el accionista mayoritario de la matriz de Bankia, «el denunciante abandonó y bloqueó la compañía impidiéndola desarrollar su actividad de venta de activos inmobiliarios y así poder cumplir con sus obligaciones financieras». Y citan como ejemplo la retirada de carteles del grupo y el cierre de locales por parte de Bankia y el proyecto frustrado, al no aprobarlo la entidad, de construcción de un conjunto de viviendas unifamiliares «financiado con recursos propios o los importes derivados de las preventas que habría dado importantes beneficios al Grupo Gran Coral».
Frente a la afirmación del instructor de la causa, que fijó en 250 millones el daño provocado a las entidades que financiaron estos negocios en el Caribe, a los empresarios les parece «anómalo e inadmisible (...) que se impute un perjuicio económico por supuesto impago de unos préstamos en un momento en el que ni tan siquiera ha llegado la fecha de su vencimientos. Únicamente admiten que «se han impagado cuotas del principal e intereses desde 2013 por la denunciada situación de bloqueo de la compañía». Y añaden que todo esto se enmarca «en el extraño contexto en el que las entidades supuestamente perjudicadas son socios mayoritarios de la compañía deudora que «no puede pagar (...) porque ellos mismos se niegan a autorizar la venta de bienes necesaria a tal fin (...) El acreedor es a la vez deudor y como tal impide el pago».
