Los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, en prisión desde el pasado 1 de julio por la financiación que recibieron de Bancaja y el Banco de Valencia para sus negocios en el Caribe mexicano, están intentado reunir los doce millones que, en total, tienen que consignar en la cuenta del juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional para poder abandonar la cárcel.

Fuentes próximas a los empresarios precisaron que la situación está siendo complicada dado que ambos tienen todo su patrimonio embargado (cuentas, acciones, terrenos...) por los procesos judiciales en las que están inmersos y que, entre otras opciones, estaban estudiando la posibilidad de pedir un préstamo.

Ferri y Baldó tienen fijado otro aval de 628 millones cada uno para hacer frente a las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este procedimiento, una cifra a la que los empresario no habrían hecho frente.

Después de cuatro meses en prisión sin fianza, el magistrado Juan Pablo González ha atendido los requerimientos del abogado de los empresarios, quien ha alegado, entre otras cosas, el comportamiento que ambos han mantenido desde que comenzaron sus problemas con la Justicia, de total colaboración. El magistrado, para quien ahora el riesgo de fuga de los encarcelados «ha quedado sustancialmente reducido», ha fijado los seis millones por cabeza al considerar las cantidades «adecuadas a la capacidad y recursos económicos» de los empresarios.

Los investigadores ha calculado en 250 millones el quebranto económico que les causaron a Bancaja y al Banco de Valencia en connivencia con las cúpulas directivas de ambas entidades.