Cuatro meses después de haber ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó podrán volver a pisar la calle si cada uno abona los seis millones de euros que el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González fijó ayer como fianza.
El juez, instructor de la causa que investiga la financiación que los hoteleros recibieron de Bancaja y el Banco de Valencia para sus negocios en el Caribe mexicano, ha atendido por fin los requerimientos del abogado de los empresarios para que reconsideraba la prisión sin fianza que dictó el 1 de julio y les permitiera salir de prisión, a lo que hasta ahora no había accedido ante la posibilidad que abandonaran el país teniendo en cuenta los medios económicos de que disponen. Un riesgo de fuga que, según afirma ahora el magistrado, «ha quedado sustancialmente reducido».
Así lo sostiene en el auto dictado ayer en el que fija sendas fianzas para eludir la prisión de seis millones cada una, «medida que en este momento es suficiente para asegurar su sometimiento al tribunal y adecuada a la capacidad y recursos de los investigados», precisa el juez.
Los seis millones por cabeza a los que los empresarios tendrán que hacer frente para abandonar Soto de Real se suman al millón y medio que cada uno tuvo que pagar en diciembre de 2013 por salir de la prisión de Navalcarnero a la que les había enviado el magistrado Javier Gómez Bermúdez en el marco de la pieza que investiga también los negocios de los hoteleros en el Caribe aunque, en esa causa, financiados por la CAM. Unos avales que Gómez Bermúdez fijó inicialmente en siete millones en metálico (y que los empresarios tardaron en abonar apenas unos días) pero que después la Audiencia rebajó a 1,5.
El auto dictado ayer señala también que una vez que los empresarios estén en libertad se mantendrán las medidas cautelares que ya tenían impuestas, como la comparecencia periódica en el juzgado y la retirada del pasaporte, lo que les impide desplazarse a México, donde tienen una buena parte de sus negocios.
Además de estas fianzas, González impuso hace unas semanas 628 millones a cada uno de los empresarios y 232 a los que de forma solidaria tiene que hacer frente la última cúpula directiva de Bancaja y el Banco de Valencia (donde se encuentra el exjefe del Consell José Luis Olivas) para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de este procedimiento. Junto a Olivas fueron detenidos en el marco de esta investigación los ejecutivos Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, José Cortina y Rafael Codoñer, todos ellos en libertad en estos momento (Izquierdo y Cortina después de pagar 500.000 euros para eludir la prisión) pero con la obligación de comparecer en el juzgado.
El juez mantiene que hay indicios de que los imputados cometieron los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones del grupo Gran Coral, con el que Ferri y Baldó hacían negocios en México, y fija en 250 millones el quebranto económico que los empresarios causaron a las entidades que financiaron su proyectos, para los que recibieron 500 millones. En cuanto a los entonces responsables de Bancaja y el Banco de Valencia sostiene el instructor que no controlaban las inversiones, que existen cuentas corrientes en Andorra y Suiza vinculadas a los empresarios, a Parra y a Izquierdo a las que se desviaban las plusvalías y que los viajes que hicieron a Cuba pagados por Ferri y Baldó no eran de precisamente de negocios.
