Coepa está contra las cuerdas, y es consciente de ello. Y es que el paso que acaba de dar el Consell para pedir en los tribunales el embargo de la patronal alicantina por la deuda que mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el centro de oficios -deuda que supera los 3 millones de euros entre unas cosas y otras-, abre un escenario muy feo para una organización ya de por sí muy asfixiada económicamente. Lo peor es que a nadie se le escapa que en algunos sectores del Gobierno valenciano se da por hecho que este proceso ya no tienen marcha atrás y que, de una manera o de otra, acabará en la liquidación de Coepa, por mucho que desde la confederación se empeñen en decir en contrario. Ello, además, con el agravante de que la construcción del centro salió adelante en su día gracias a las subvenciones que se recibieron, y que estaban condicionadas a que las instalaciones se dedicaran a la formación. Por eso, en caso de que ese fin no se mantuviera, la patronal podría verse obligada a tener que devolver esas ayudas, que, según consta, sin ir más lejos, en la memoria económica del año pasado, ascendieron a 3,8 millones de euros, «lo que podría condicionar de forma determinante el futuro de la confederación», según se decía literalmente en ese documento, confirmando así que las cosas pintan bastante mal en estos momentos.
Si con ello ya no tuvieran bastante en la patronal, el Ayuntamiento de Alicante también ha cumplido con su amenaza y ha empezado a dar los primeros pasos para rescindir el convenio que se firmó en su día para ceder los terrenos sobre los que se asienta ese centro de oficios en el polígono de Babel. De momento, se ha creado una comisión y se ha pedido información a Coepa. Ahora bien, lo que se teme es que, al final, esto no sea más que una política de hechos consumados, o, dicho de otra forma, un paripé sin más. No en vano, el hoy alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ya dio por hecho, siendo simple y llanamente candidato, y muy influenciado por el sector crítico de los empresarios, que el centro de oficios estaba cerrado y, por tanto, que no se estaba impartiendo formación. Una circunstancia ésta suficiente de por sí para recuperar los terrenos -y de paso el edificio- para la ciudad, y, además, para cerrar cualquier puerta a una posible dación en pago al Consell, como ha tratado de buscar por todos los medios la cúpula de Coepa.
Ante este escenario, la patronal celebró ayer su junta directiva y su comité. Y lo hizo justo cuando ha vuelto a estallar la polémica del centro de oficios, y en un momento en el que nerviosismo empieza a ser evidente, por mucho que la cúpula trate de defenderse como gato panza arriba, alegando que esto no es más que «ruido mediático», poco menos que intencionado.
En el comunicado oficial tras la reunión desde Coepa, y, por lo que toca al centro oficios, únicamente se limitaron a señalar que el comité ejecutivo y la junta directiva han decidido, literalmente, «pedirle al Ayuntamiento de Alicante que active todos los mecanismos previstos en el acuerdo de cesión de los terrenos para la construcción del centro de cualificación, que en la actualidad está en funcionamiento, para estrechar la relación con todos los agentes implicados en el desarrollo del proyecto». Decían esto tal y cual, poniendo el acento en que el centro, hoy por hoy, está en funcionamiento, pese a que el Gobierno municipal de Alicante da por hecho que el edificio ha estado cerrado en los últimos años, salvo alguna puesta en escena puntual. «Los representantes de los empresarios han mostrado su extrañeza por la puesta en marcha de una comisión municipal específica sobre el centro a cuya primera reunión no fueron citados los representantes de la confederación», añadieron desde la patronal en ese mismo comunicado, en el que, asimismo, exigían al Ayuntamiento que se les convoque a la próxima cita.
A partir de ahí ni una sola referencia a los pasos que ha dado el Consell para pedir en los tribunales el embargo. El presidente de Coepa, Moisés Jiménez, tras la reunión, dijo que aún no había notificación alguna; que, cuando llegue, actuarán en consecuencia, y que ya han venido trabajando por lo que pudiera pasar de darse esta situación.
Sea como sea, en respuesta al burofax que envió en junio el Gobierno aún de Fabra requiriendo con carácter inminente el pago de esos tres millones, Coepa amenazó con mover ficha. En aquel momento, los de Moisés Jiménez ya alertaron al Consell de que, de seguir por ahí, la patronal no tendría más remedio que declararse insolvente o, de lo contrario, los órganos directivos podrían acabar incurriendo en responsabilidades. Avisaban, además, al Gobierno autonómico en funciones de que, de seguir adelante con esa ejecución, se reservaban el derecho de tomar las medidas necesarias para pedir responsabilidades a técnicos y políticos por incumplir sus compromisos. Ahora sólo falta por ver si llegan hasta el final y cumplen sus amenazas en una partida en la que todos se la juegan, por mucho que haya que quien dice que esto sólo es «ruido mediático». Mientras, los impagos están ahí.
