El fallecimiento esta semana de dos trabajadores en accidente laboral en la provincia -una operaria de la fábrica de aluminio de Alicante y un instalador de toldos en Benidorm- ha devuelto a la mente de muchos las imágenes de los años del «boom» del ladrillo, cuando la siniestralidad se convirtió en una auténtica lacra y los sindicatos apenas tenían tiempo de convocar concentraciones de protesta entre un suceso y el siguiente. Son muchos los que se preguntan si este aumento de los accidentes va inexorablemente unido al incremento de la actividad que conlleva la recuperación, pero lo cierto es que sindicatos, administración e incluso los empresarios apuntan otras muchas causas -no siempre coincidentes-, como la precariedad, la incorporación de miles de trabajadores a oficios que desconocían y, sobre todo, la falta de inversión en seguridad durante los años de la crisis, tanto desde el ámbito público, como desde el privado.
Un cóctel explosivo que ha provocado que sólo en los primeros ochos meses de este año se hayan contabilizado en la provincia casi 1.100 accidentes laborales más que en el mismo periodo de 2014, un incremento de más del 12%. Sin embargo, según los sindicatos, el aumento real sería aún mayor ya que esta cifra sólo recoge aquellos accidentes que han obligado al trabajador a cogerse una baja, un extremo al que muchos renuncian, incluso contra el criterio médico, ante el temor a ser señalados o despedidos.
En cualquier caso, las cifras siguen muy alejadas de las que se registraron en la primera parte de la década pasada, coincidiendo con el momento de máxima expansión del sector inmobiliario, cuando en 2001 llegaron a contabilizarse 38.815 siniestros, de los que 45 fueron mortales. En comparación, el año pasado el total de accidentes fue de 13.770 y 14 los fallecidos. Sin embargo, el temor es que, a medida que avance la recuperación, se llegue a las mismas cifras.
«Eso no sería aceptable porque sería asumir que los accidentes son inevitables y que los trabajadores deben asumir ese riesgo y no es así. La mayoría se puede prevenir», señala el jefe territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana, Eusebio Ortiz, sin duda una de las personas que mejor conoce esta realidad y que dispone de más datos para analizarla.
Para Ortiz hay dos motivos muy claros por los que están aumentado los accidentes. El primero son los recortes que las empresas han aplicado a las partidas de prevención de riesgos durante estos años de crisis, ante las dificultades que muchas de ellas han atravesado. «Eso se está notando. Nos encontramos con equipos y material de trabajo defectuoso u obsoleto porque no se renuevan», señala el máximo responsable de la Inspección de Trabajo en la autonomía, que apunta que las restricciones también alcanzan a la formación que se proporciona a los trabajadores.
En este sentido, hasta la semana pasada este organismo había impuesto en la provincia 378 sanciones por incumplimientos en la normativa de prevención de riesgos laborales, lo que ha supuesto el pago de 1,4 millones de euros en multas por parte de las empresas.
Pero, según Eusebio Ortiz, el dato más significativo es el de los recargos. Es decir, la sanción extra que se impone a las compañías cuando se considera que un accidente laboral se ha producido por falta de medios de prevención. Si en todo el año pasado la Inspección impuso 64 recargos en la provincia, en lo que va de 2015 ya lleva 77 y todo apunta a que la cifra seguirá creciendo.
Por otra parte, la segunda razón que apunta Ortiz para que haya cada vez más siniestros es el avance de la subcontratación de servicios, «que provoca que haya empleados de varias empresas trabajando en un mismo centro y no siempre con la coordinación adecuada», asegura. «Se hace por una presunta especialización de las tareas pero la realidad esn que no siempre da buen resultado», insiste Ortiz.
Pero, si desde la Administración se critica la falta de inversión de los empresarios en medidas para prevenir los accidentes laborales, estos últimos devuelven el reproche y denuncian que son las autoridades las que han descuidado esta faceta en los últimos años. «La inversión pública en prevención prácticamente ha desaparecido. Ya no hay campañas de sensibilización y tampoco se ofrece a las empresas formación como ocurría antes, y este tipo de formación no se oferta en las academias», señala el secretario general de Coepa, Fermín Crespo.
«Lo que ha ocurrido es que en el último año han encontrado empleo 18.000 trabajadores en la provincia y muchos desempeñan ahora oficios que no son de los que proceden. Esa falta de experiencia y de formación influye en la siniestralidad», explica Crespo. «Estamos en una salida de la crisis distinta a las anteriores y los sectores económicos que tiran son diferentes de los que había antes», añade el portavoz de la patronal.
Al respecto, los propios datos del Ministerio de Empleo señalan que son el comercio, seguido por la industria y la hostelería las actividades que más incidentes suman en lo que va de año (ver gráfico en la página anterior), algo impensable antes de la crisis, cuando era la construcción la que acaparaba el grueso de los sucesos de este tipo.
En la misma línea, también recuerda que cada mes «se constituye más de 400 nuevas empresas», cuyos gestores también carecen de la experiencia de las compañías más veteranas en esta materia. Por eso, reclama que la Generalitat y el Ministerio de Empleo retomen las campañas de concienciación dirigidas a trabajadores y empresarios -algo en lo que ya trabaja el Ejecutivo autonómico, como avanzó este diario el pasado sábado, 17 de octubre- y también que faciliten los medios para mejorar la capacitación en materia de seguridad de los profesionales.
Y, sobre la afirmación de que son las compañías las que han recortado sus presupuestos para prevención, asegura que «puede haber algún caso aislado pero no es lo habitual. En caso contrario habrían aumentado los accidentes durante los años más duros de la crisis y no ha sido así. Se redujeron».
Desde el punto de vista sindical, los máximos responsables de UGT y CC OO en la provincia apuntan a la precariedad como la principal causa del repunte en el número de siniestros que se registran en los centros de trabajo. «Cuando tienes un contrato de cuatro horas en un sitio y mañana estás en otra empresa y al siguiente en otra... es imposible que te dé tiempo a adaptarte al puesto de trabajo y tampoco nadie se molesta en darte formación para evitar riesgos», señala la secretaria general de CC OO en l'Alacantí i les Marines, Consuelo Navarro.
A esto hay que unir que en muchos centros se está produciendo una «sobreexigencia a los trabajadores, con objetivos imposibles de cumplir que les obligan a bajar la guardia. Por no hablar del "presentismo", la gente que va a trabajar aunque esté enferma por miedo a las represalias del empresario», añade la sindicalista.
«Hay una clara dejación de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales (...) y la precariedad y el miedo a perder el puesto de trabajo sólo hacen que dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores», apunta, por su parte, el líder de la UGT en l'Alacantí y La Marina, Óscar Llopis, que coincide con el jefe de la Inspección de Trabajo en que la subcontratación provoca que «muchas veces en los centros de trabajo no haya los medios adecuados».
A esto se suma, según Llopis, el hecho de que hasta el 80,3% de las 63.000 empresas con asalariados de la provincia tengan menos de seis trabajadores, lo que provoca que no tengan obligación de tener un representante sindical. «Lógicamente, eso lo pone más fácil para que incumplan la ley», señala el dirigente ugetista.
En lo que casi todos coinciden es en destacar la validez de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el próximo 10 de noviembre cumplirá 20 años de vigencia. El problema es la falta de recursos para conseguir que se cumpla. Por ejemplo, en Alicante la Inspección de Trabajo sólo cuenta con apenas medio centenar de funcionarios para realizar sus tareas.
Un problema que podría empezar a solucionarse en breve ya que el pasado mes de julio el Gobierno aprobó la creación de una nueva escala de subinspectores que se especializará en la prevención de riesgos laborales. «Serán personas con capacitación científico-técnica», señala Eusebio Ortiz, seguro de que será un paso en la dirección correcta. Habrá que esperar para confirmarlo.
