No se da por vencido. El fiscal Luis Rodríguez Sol, acusador públicos en los procesos abiertos en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM, ha pedido al magistrado que los instruye que reclame a Iberclear, un depósito central de valores, el listado de los titulares actuales de cuotas participativas de la CAM «con expresión del número de títulos de que es propietario cada uno de ellos».
Al representante de la Fiscalía Anticorrupción no le quedado otro remedio que recurrir a Iberclear (el Depositario Central de Valores español, encargado de llevar el registro contable y de la compensación y liquidación de los valores admitidos a negociación en las bolsas de valores españolas) después de que tanto la Fundación CAM, a la que acudió en primer lugar, como el Sabadell, no le hayan facilitado los datos que reclama.
En el escrito en el que apoya esta petición, el fiscal explica que solicitó el listado el pasado mayo a la Fundación CAM a lo que ésta respondió que no podía facilitarlos porque «los registros nominativos de las cuotas (...) se hayan en poder del Banco de Sabadell al ser éste el sucesor del negocio financiero/bancario en el que se ubican mercantil, financiera y materialmente las cuotas».
Ante las calabazas de la Fundación volvió la cara Rodríguez Sol al Sabadell que sí bien aportó lo que tenía no era la totalidad de lo que busca. La entidad catalana, como ya publicó este diario, envió al juzgado los datos de 55.000 titulares de cuotas que son clientes suyos y las tienen depositadas en el banco, pero advirtió que puede haber otros titulares que las tengan en otras entidades de crédito que ellos desconozcan.
Según explica el fiscal, el folleto de emisión de las cuotas participativas recoge que estos valores «son títulos nominativos y están representados mediante anotaciones en cuenta siendo Iberclear la entidad encargada de su registro contable». Y asegura que «se establece la obligación para la entidad emisora (es decir, la CAM) de llevar un registro nominativo de titulares con los datos suministrados a tal efecto por Iberclear».
El Ministerio Público quiere contar con esta información para determinar «los perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de las cuentas anuales presuntamente falseadas», es decir, el quebranto que pudieron sufrir quienes compraron estos títulos en base a unos resultados contables que no eran los reales. Una presunta falsedad contable que se está investigando en la denominada pieza principal (en el marco de la que se ha pedido esta información) y en la que están procesados ocho exresponsables de la CAM: el expresidente Modesto Crespo, los dos últimos directores generales Roberto López y María Dolores Amorós y otros cinco directivos de la caja de ahorros a quienes, además del falseo de las cuentas, se les atribuye haberse asignado unas remuneraciones más elevadas de las que les correspondían.
