La Generalitat investiga si el Grupo Volkswagen también incumplió la legislación autonómica al manipular los datos de emisiones de sus motores diésel y, por tanto, si debería aplicar algún tipo de medida o sanción contra el fabricante alemán. En este caso ha sido la dirección general de Comercio y Consumo, que lidera Natxo Costa, la que ha decidido tomar cartas en el asunto por si la compañía hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad al haber facilitado información contractual errónea a los compradores de los vehículos ya que, como han recordado estos días varias organizaciones, son las comunidades las que tienen transferidas las competencias en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Además, Costa también remitió ayer una circular a otros departamentos del Consell, como la dirección general de Medio Ambiente, la de Industria o la de Administración Local para que analicen las repercusiones del fraude en sus respectivas áreas y estén preparadas en caso de que, finalmente, se decida emprender algún tipo de actuación.
Por ejemplo, el comunicado interno de la Generalitat -al que ha tenido acceso este diario- apunta la necesidad de averiguar si la compañía cometió algún tipo de infracción «por una mayor emisión de gases contaminantes» o si, por ejemplo, exigirá a la firma la devolución de las «ayudas concedidas por la Generalitat dentro del Plan Prever para la compra de vehículos» en los años 2009 y 2010.
Pero la preocupación del Consell va más allá y el departamento de Consumo también se cuestiona si hay que revisar los criterios que aplicarán las ITV a estos vehículos una vez que se reprograme el famoso «software» que ha permitido manipular los resultados que ofrecían los motores trucados en las pruebas. Al respecto, desde la marca insisten en que el programa sólo alteraba las emisiones de óxido de nitrógeno y no las de dióxido de carbono, que son las que se vigilan.
A la espera de la solución
En cualquier caso, desde la Generalitat insisten en que, de momento, solo recopilan información y que no se tomará ninguna decisión en firme hasta conocer la solución que ofrece la compañía a los propietarios afectados y también los informes que elaboren al respecto tanto las autoridades europeas, como el Ministerio de Industria. Así, confían en que Volkswagen, que ya ha admitido su responsabilidad, cumpla su palabra y se haga cargo de las reparaciones.
El temor que han expresado diferentes asociaciones de consumidores es que los vehículos pierdan prestaciones o aumenten el gasto de combustible tras la reprogramación, lo que daría pie a posibles reclamaciones de daños y perjuicios. En este sentido, desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ya han solicitado a la Generalitat la apertura de un expediente sancionador por esta causa.
El Grupo Volkswagen ha reconocido que más de 11 millones de automóviles de todas sus marcas -Volkswagen, Audi, Seat y Skoda- incorporaban un programa informático que permitía detectar cuándo el vehículo estaba siendo sometido a una prueba, con lo que rebajaba su nivel de emisiones contaminantes. En España el fabricante calcula que circulan 683.000 vehículos con este «software» y ha incluido en la web de cada marca un apartado para que los propietarios confirmes si su coche es uno de los afectados.
