A pesar de las nuevos subsidios puestos en marcha desde el inicio de la crisis, como el Plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo que arrancó el pasado enero, la cobertura social que reciben los parados de la provincia sigue reduciéndose. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el propio Gobierno, ya son más de la mitad de todos los desempleados alicantinos -el 50,58%, unos 94.000- los que han agotado sus prestaciones y no reciben ningún tipo de ayuda para poder subsistir, una situación que con frecuencia sitúa a estas personas al borde de la exclusión social.
El problema, según denuncian CC OO y UGT, es que las nuevas ayudas aprobadas son «demasiado restrictivas, hay que cumplir demasiados requisitos para conseguirlas», lo que impide que cumplan con su función. Por ejemplo, el citado Programa de Activación para el Empleo, que se anunció en su día como la gran solución para aquellos que ya habían agotado el resto de ayudas, apenas beneficia a 3.181 personas en la provincia, sólo un 3,3% de este colectivo.
Por eso, ambos sindicatos han empezado una recogida de firmas con la intención de presentar una iniciativa legislativa popular que ponga en marcha una nueva Prestación de Ingresos Mínimos de fácil acceso y que, además, no tenga las limitaciones temporales de las ayudas actuales. Una prestación, por ejemplo, a la que puedan acogerse los parados sin cargas familiares -ahora excluidos de casi todos los subsidios- o aquellos que tienen pequeños ingresos que no superan los 5.000 euros anuales, tal y como señalaba ayer la secretaria general de CC OO en l'Alacantí i les Marines, Consuelo Navarro, que, junto a su homólogo de UGT, Óscar Llopis, informaba de la iniciativa en la avenida de Maisonnave de Alicante.
Los beneficiarios, además, recibirían orientación y se les aplicaría un itinerario de inserción laboral, ya que el objetivo es «ofrecerles apoyo hasta que encuentren trabajo», apuntó Llopis.
Prestaciones más bajas
Sobre la situación actual de las ayudas a los parados, los sindicatos también denunciaron la cifra cada vez más baja de aquellos que reciben la prestación contributiva, la de cuantía más elevada, y que ya sólo suponen un tercio de los que cobran alguna ayuda. El resto debe conformarse con el subsidio por cargas familiares o alguna ayuda similar que, con frecuencia, solo asciende a 426 euros.
