Empeño le está poniendo el representante de la Fiscalía Anticorrupción en los procesos penales abiertos por la gestión de la CAM en que la pieza que investiga el cobro por parte del último presidente de la caja, Modesto Crespo, de 640.000 euros en concepto de dietas se termine de tramitar en los juzgados de Alicante en vez de en la Audiencia Nacional, donde el asunto se ha estado instruyendo hasta ahora.
Frente a la decisión del magistrado Juan Pablo González de que el procedimiento continúe en Madrid al entender que no se ha producido ningún cambio que justifique el traslado, el fiscal acaba de presentar un extenso recurso en el que insiste en su idea de que sean los juzgados de Alicante los que finalicen la instrucción y, en su caso, lo juzguen.
El proceso se abrió como pieza separada de la principal, (la que investiga el presunto falseo de las cuentas de la caja), para indagar el cobro de dietas por Crespo, una parte con carácter retroactivo. En él están imputados, además del empresario ilicitano, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, quien fuera asesor jurídico de la caja, Juan Martínez Abarca, y los veinte miembros del consejo de administración de la entidad que, al menos sobre el papel, aprobaron el nombramiento de Crespo como presidente de la participada Tinser, así como el abono de 300.000 euros al año en conceto dietas. Hasta ese momento no había existido ni el cargo ni la remuneración y Tinser había funcionando como siguió haciéndolo tras el nombramiento de Crespo, según declaró su gerente ante el juez. Los consejeros testificaron que el asunto de las dietas no se llevó a la reunión del consejo y que se introdujo posteriormente a sus espaldas.
Mientras el instructor se apoya en la conexidad de los delitos entre esta pieza y la principal para que el asunto continúe en la Audiencia Nacional el fiscal mantiene que, en este caso y a diferencia de la causa de la que se desgajó, «no se puede sostener que ha causado perjuicio patrimonial a una generalidad de personas ya que el único perjudicado ha sido la sociedad Tinser o la propia CAM en cuanto accionista única de la sociedad». A esto añade el acusador público que no puede considerarse que los 640.000 euros que cobró Crespo en apenas dos años «puedan producir una grave repercusión en la economía nacional» y el hecho de que fue en Alicante, en la sede de la caja, donde se celebró el consejo de administración en el que se aprobaron los acuerdos ahora investigados.
En su recurso, el fiscal explica que con su insistencia en que el asunto se tramite en Alicante únicamente busca evitar perjuicios a las partes y al órgano al que se atribuya la competencia previendo que se pudiera plantear esta cuestión en el inicio del juicio, si el proceso llega hasta ese punto.
El planteamiento del fiscal se produce cuando la instrucción de esta pieza está prácticamente concluida y a falta tan sólo de concretar si se sobresee o contra quién o quiénes continúan las actuaciones.
