Por los créditos de Bancaja

El juez impone 628 millones de fianza a Ferri y Baldó

Dice que los empresarios causaron daño por 250 millones a las entidades que financiaron sus proyectos en el Caribe

12.10.2015 | 02:36
El juez impone 628 millones de fianza a Ferri y Baldó

Casi 630 millones de euros para los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó y 232 para las excúpulas directivas Bancaja y el Banco de Valencia, dos de las entidades que financiaron los proyectos de los hoteleros en el Caribe y a cuyo frente, como presidente, se encontraba el exjefe del Consell José Luis Olivas. Estas son las fianzas que para garantizar que se cubran las posibles responsabilidades civiles ha fijado el magistrado Juan Pablo González en el marco de la pieza que indaga presuntas irregularidades en el proyecto Gran Coral, ubicado en el Caribe mexicano. Una investigación que en los primeros días del pasado julio provocó la detención de Ferri y Baldó (en prisión sin fianza desde entonces) así como la de, además de Olivas, los máximos responsables de ambas entidades: Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, José Cortina y Rafael Codoñer, todos ellos en libertad en estos momento pero con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

En siete autos prácticamente idénticos el magistrado justifica la imposición de estas fianzas millonarias «por la gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos» y «el profundo conocimiento de los imputados sobre los mecanismos del mundo financiero internacional (...) para que no puedan realizar operaciones que hagan ilusoria la ejecución de las declaraciones de responsabilidad pecuniaria que en su día pudieran adoptarse». El pago de estas cantidades no afecta a la situación de prisión de los empresarios de Benidorm, a quienes la Audiencia Nacional ya les ha negado su puesta en libertad.

Estafa, blanqueo y apropiación
El juez mantiene que hay indicios de que los imputados cometieron los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones del grupo Gran Coral, con el que Ferri y Baldó hacían negocios en México. Y cita en concreto una denominada Emerald, la compra de las fincas Zacaton y Piedras Bolas, en la Baja California, y Vinorama en la Riviera Maya, además de la refinanciación de la deuda que el grupo tenía con las entidades que financiaron estos proyectos: Bancaja, el Banco de Valencia y Bancaja Miami. Unas operaciones que el juez califica de «fraudulentas» y por las que Ferri, Baldó y Poch (otro empresario imputado pero para el que ayer no se fijó fianza alguna) habrían obtenido más de 140 millones de beneficios provocando a su vez un perjuicio económico a las entidades que le concedieron los préstamos de alrededor de 250 millones de euros. Algo que no hubiera sido posible «sin la necesaria connivencia» de los entonces directivos de Bancaja y el Banco de Alicante, precisa el instructor,

Tomando como base los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) adscrita la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado destaca «la importante estructura societaria creada por los empresarios investigados a nivel internacional, la cual presumiblemente tenía como finalidad ocultar su identidad y, de ese modo, evitar que pudieran ser vinculados con las transferencias internacionales que se realizaron una vez los empresarios obtuvieron con engaño de sus socios unas importantes plusvalías por las ventas de las fincas Zacaton y Piedras Bolas», circunstancia que pondría de manifiesto, insiste el juez, «la creación de una estructura societaria cuya finalidad fue la de realizar una labor de ocultación del capital fraudulentamente obtenido, para posteriormente proceder a su transformación».

Como ejemplo de este modus operandi cita el instructor una sociedad instrumental denominada Consultoría Peninsular de Mayab, utilizada por Ferri, Baldó y Poch para adquirir estas fincas y enajenarlas después a favor de la mercantil Piedras Bolas, unas operación «por la que obtuvieron a espaldas de sus socios y de las entidades que les financiaban» unas ganancias de 138,8 millones de dólares. Cantidad que a continuación se fue transfiriendo a varias cuentas dadas de alta a nombre de sociedades vinculadas a los citados empresarios. Varios correos intervenidos en el ordenador de la secretaria de Ferri y Baldó prueban tanto el control de ambos sobre Consultoría Peninsular como las transferencias a cuentas radicadas en Andorra pertenecientes a sociedades controladas por ellos: Sumerville LTD y Hilton SL.

La investigación ha permitido localizar otra mercantil participada por los tres empresarios, Lismore Investment BV, propietaria de las dos fincas de Vinoramas y cuya función, además de acometer proyectos, era «mantener deudas vivas en concepto de préstamos, deudas con las que se justificaba el traspaso de fondos entre ambas sociedades que se correspondían con el reparto de las comisiones que se obtenían con la venta del terrenos», mantiene el juez. La investigación de esta causa sigue bajo secreto de sumario.

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