Sobre la actuación de los directivos tanto de Bancaja como del Banco de Valencia que concedieron los préstamos a Juan Ferri y José Baldó por más de 500 millones, llama la atención del juez «la ausencia de control sobre el destino de los fondos de las inversiones realizadas, de manera que los terrenos comprados experimentaban elevadas revalorizaciones en los momentos anteriores a ser comprados, siendo desviadas las plusvalías» a cuentas corrientes en Andorra y Suiza vinculadas a Ferri, Baldó, Poch, Parra e Izquierdo. Como también destaca que «las quejas manifestadas por directivos de tipo medio de la entidad bancaria parecían no tener eco entre sus superiores, los cuales no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos de gestión a pesar de no haber sido pactados durante las negociaciones iniciales», con lo que, según mantiene el juez, «los empresarios vieron nuevamente favorecidos sus intereses particulares en contra de los del Grupo Gran Coral y, por lo tanto, de sus socios mayoritarios, es decir, las entidades bancarias».
Para el magistrado, la actuación de los directivos ahora imputados «resulta dificilmente explicable. A la aparente falta de criterio económico en muchas de las operaciones realizadas debemos sumarle el hecho de que el máximo dirigente, José Luis Olivas, y otros altos cargos directivos acompañasen a los empresarios en diversos vuelos realizados a Cuba y sufragados por los empresarios, que difícilmente podrían ser explicados como viajes de negocios». La instrucción tiene que determinar ahora el grado de implicación de cada uno de los directivos.
