La fiscalía alemana ordenó ayer registros en varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburgo, y en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a las personas implicadas en el trucaje de los motores diésel. La fiscalía de Braunschweig, cercana a Wolsfburgo (norte del país), explicó que dio ese paso para incautarse de documentación y soportes informáticos «que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados» en los presuntos hechos delictivos que investiga, según un comunicado.
El ministerio fiscal abrió diligencias el pasado 28 de septiembre tras recibir varias denuncias y al considerar que había sospechas de fraude en la venta de millones de vehículos con un software que manipulaba sus emisiones contaminantes.
Los registros se realizaron sin previo aviso con participación de tres oficinas fiscales y de cincuenta agentes de las fuerzas de seguridad del estado federado de Baja Sajonia, en el que se ubica la central del grupo automovilístico. Su objetivo es identificar a las personas implicadas en la manipulación de los motores, un escándalo que afecta a once millones de vehículos en todo el mundo, según reconoció la propia empresa. Por otra parte, el presidente de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, negó ayer que conociera la presencia del software en los vehículos desde el año pasado, como apuntaban algunos medios.
