La investigación judicial sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se centra en una «red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países», según ha concretado la Audiencia Provincial en un auto hecho público este jueves. En el escrito en el que el órgano judicial confirma la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo, los magistrados se refieren en varias ocasiones a la «solidez» de las pruebas que obran en la causa y que afectan no sólo a éste imputado, si no también «a otras personas» vinculadas con la trama.
Aseguran que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pueden calificarse como «pobres ni incompletos» y «mucho menos de incoherentes». Apuntan al cobro de comisiones irregulares a cambio de la concesión de contratos de publicidad de Bankia, parte de las cuales habrían terminado en manos de Rato. El auto describe operaciones contractuales que, desde Bankia, recorren Publicis Comunicación España, Zenith Media, Albisa Inversiones y Asesoramiento y Kradonara 2001 y «dan curso al dinero». La cantidad -agrega- «no es baladí en absoluto; todo indica que ha sido sustancial». El juez de Instrucción 31 de Madrid imputó ayer a otro de los testigos que comparecieron, por lo que ya son 11 los imputados en la causa.
