El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, quedó ayer en libertad tras declarar durante más de dos horas ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que le investiga por supuestos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción de particulares relacionados con la forma en que el también exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) acumuló su cuantioso patrimonio. No obstante, a pesar de dejarlo en marchar, Serrano-Arnal decidió retirarle el pasaporte para que no pueda viajar fuera de la UE y también le impuso la obligación de comparecer en dependencias judiciales una vez al mes.
Rato queda así en situación similar a la de su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero que declararon ante el juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos del Instituto Armado. Ambos conservaron, no obstante, sus pasaportes. Rato dispone ahora de cinco días para entregar el documento.
La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, -el único que ha sido enviado a prisión- y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. De esta forma, el juez continúa avanzando en la investigación a pesar de su evidente deseo por desembarazarse de ella. El pasado viernes, después de dejar en libertad a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales, dictó un auto en el que solicita al Supremo que decida sobre la competencia que, en su opinión, debería ser de la Audiencia Nacional.
Kradonara, el epicentro
La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es «el beneficiario último» a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza. Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.
Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.
Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e «ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias».
