La advertencia ha estado ahí durante muchos años: el modelo productivo valenciano se estaba quedando obsoleto y se iba alejando poco a poco de las nuevas tendencias globales. La crisis, con la explosión de la burbuja inmobiliaria que tanto infló el crecimiento autonómico en los años previos, no hizo más que constatar la necesidad de un cambio. Perentorio, además. Las recetas son conocidas internacionalización, innovación, mayor tamaño empresarial, etc.. y los objetivos modernizar el sistema y hacerlo más productivo y, por tanto, más competitivo en unos mercados de escala planetaria también, pero el propósito «es muy fácil de decir y muy difícil de hacer», tal como admite el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. Porque se trata de un proyecto de resultados «a largo plazo», como afirma el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y porque las arcas públicas están exhaustas.
Es probablemente, según coincide Soler, el peor legado de veinte años de gobiernos del PP. No solo el endeudamiento que comportó, sino de manera especial las opciones políticas que manejaron los sucesivos ejecutivos populares, que arrumbaron buena parte de las acciones de los gobiernos socialistas anteriores tendentes a modernizar el sistema productivo, con los institutos tecnológicos como una de sus banderas, para dar prioridad a lo que luego fue el emblema del derroche y la corrupción: los grandes eventos y las megalómanas infraestructuras improductivas. Soler, a este respecto, adelanta que, siendo los recursos limitados, el cambio de modelo que quiere impulsar el Consell de Ximo Puig pasa por hacer un diagnóstico de la situación de partida, dialogar con los agentes sociales, ser selectivo en las prioridades y ser conscientes de que la administración debe acompañar a la iniciativa empresarial. Lo que sí tiene muy claro el conseller es que, «con el modelo actual no hay futuro, porque no seremos competitivos en el mundo y no seremos capaces de financiar el Estado de Bienestar».
González considera que el papel del sector público debe ser el de «dar el empujón y facilitar el cambio», pero otorga el protagonismo a las empresas. Es lo mismo que opina el decano de la Facultad de Económicas de la Universitat de València, José Manuel Pastor, quien cree que la misión del sector público «es incentivar y no molestar», mientras que la directora de proyectos europeos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Matilde Mas, considera que el papel principal de las administraciones públicas está en la regulación, es decir, en suprimir todo lo que frena el crecimiento de las empresas, como el coste de los despidos. Por parte sindical, el secretario general de CC OO-PV, Paco Molina, defiende la bondad de las políticas públicas y asegura que, «ante la limitada inversión empresarial, la administración tiene una responsabilidad ineludible».
Así que las posiciones sobre la influencia de los magros recursos de la Generalitat ante el cambio de modelo es motivo de debate. ¿Y el diseño del nuevo sistema? José Manuel Pastor apunta que el actual «es intensivo en sectores de bajo valor añadido, con lo cual da igual que lo hagamos muy bien, porque la productividad será menor» que en lugares como Alemania o Japón, que «se han especializado en empresas y sectores de mayor contenido tecnológico». Ese tejido, además, formado por innumerables pymes con escaso músculo para innovar o internacionalizarse, contrata menos titulados universitarios, lo que implica perder o sacrificar el talento y la formación. Si Pastor da la impresión de hacer una enmienda a la totalidad, González considera que hay que «concentrarse en las empresas y sectores que ya están funcionando para que tengan mayor contenido tecnológico». Paco Molina, por su parte, aboga por «recuperar el peso de los sectores tradicionales de la industria, que han estado dejados de la mano de Dios, y potenciar los de mayor valor añadido y con empleo cualificado». El secretario general de UGT-PV, Gonzalo Pino, añade que «no podemos pensar en un modelo que vuelva a descansar en la construcción, ni que el turismo sea la solución, aunque ambos son importantes».
Soler, por su parte, incide en la productividad necesaria y apunta que no hay que ser selectivos en cuanto a las actividades económicas: «Lo importante no es qué se produce, sino cómo se produce». Elevar el peso de la industria valenciana hasta el 20 % del PIB es considerado un objetivo irrenunciable por la capacidad de arrastre e inversión que el sector secundario tiene sobre factores como la innovación, pero Matilde Mas cree que «hay que olvidarse de ese mantra», porque «el aumento de la productividad en la industria se debe a la pérdida de empleo, mientras que varios grandes sectores de los servicios lo consiguen creando puestos de trabajo». El cambio de modelo, como coinciden todos también todos de acuerdo en la necesidad de un gran pacto de Estado por la educación como base de futuro es una aspiración a largo plazo. Queda por ver en cuánto tiempo se logrará un acuerdo que lo ponga en marcha.
