El Gobierno estudia el modo de reclamar a Volkswagen las ayudas del plan PIVE -que ascendían a 1.000 euros por vehículo- y de otros programas públicos si se demuestra que los coches no cumplían los requisitos exigidos sobre emisiones contaminantes. Así lo anunció ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien, además, señaló que ya se ha comunicado la decisión al fabricante alemán, al que «no le ha parecido mal que se le reclame».
Soria subrayó que los compradores han sido engañados al adquirir vehículos que consideraban eficientes, por lo que la reclamación no se dirige «en modo alguno al consumidor» sino al fabricante. El ministro también anunció que el Gobierno ha prohibido la venta «de todos los vehículos que tengan incorporado un motor Euro-5 Diésel y que estén en stock», una prohibición que entró en vigor el lunes.
De hecho, la propia Volkswagen comunicó que suspendía la comercialización en España de un total de 3.320 automóviles de todas sus marcas -Volkswagen, Audi, Seat y Skoda- que aún incluyen esta motorización antigua, en la que se ha detectado el polémico «software» que permite manipular los resultados de los tests sobre emisiones contaminantes.
Al respecto, ayer fue Seat la que puso cifras a la magnitud del fraude al admitir que habría vendido hasta 700.000 vehículos propulsados con el motor EA189, el que incluye el citado programa malicioso. Estos se suman a los cinco millones de motores trucados en los modelos de Volkswagen, otros 2,1 millones en Audi, 1,2 millones en Skoda y otros dos millones en vehículos comerciales.
El presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha asegurado que de esos 700.000 coches, un 20%, unos 140.000 circulan por España; y que la plantilla se siente «víctima de una estafa».
Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, calificó de «delito» la manipulación de las emisiones de gases de estos motores y destacó la importancia de fomentar la responsabilidad empresarial.
