La causa abierta por el cobro por parte del último presidente de la CAM, Modesto Crespo, de 640.000 euros en concepto de dietas no se moverá de la Audiencia Nacional. Así lo ha acordado el magistrado Juan Pablo González en un auto en el que rechaza el planteamiento del fiscal, quien mantenía que el procedimiento debía trasladarse a los juzgados de Alicante. En este proceso están imputados, además del empresario ilicitano, el exdirector general Roberto López Abad, el exletrado de la caja Juan Martínez-Abarca y todo el consejo de administración de la entidad que en su momento dio luz verde a que Crespo percibiera 300.000 euros al año en concepto de dietas, llegando a cobrar un parte con carácter retroactivo y convirtiéndose así en el primer presidente remunerado de la historia de la entidad. Para poder percibir ese dinero, a Crepo se le nombró presidente del consejo de administración de Tinser, una participada al 100% por la caja que hasta la llegada de Crespo había funcionado perfectamente sin ese órgano.
Con la instrucción finalizada y a falta tan sólo de que el magistrado decida si archiva las actuaciones o contra quién o quiénes las continúa, el fiscal planteó a finales del pasado julio que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor de los juzgados de Alicante al entender que no se trata de un caso con múltiples perjudicados, ni de una estafa masiva, ni de un asunto que ponga en peligro la economía nacional. Y mantenía que mandar la causa a la provincia tampoco afectaría al proceso principal, del que se desgajó como pieza separada. En la denominada principal se investiga si los últimos gestores de la caja falsearon las cuentas de la entidad para asignarse unas remuneraciones a las que no tendrían derecho, según mantienen tanto las acusaciones como el juez en el auto por el que procesa a ocho exresponsables de la caja, uno de ellos Crespo.
No lo ve como el fiscal el magistrado, quien defiende la competencia la Audiencia Nacional al entender que se trata de «delitos conexos» con los que se investigan en la pieza principal, además de que «la atribución competencial era conocida desde el inicio de la investigación (...) sin que sea correcto, en términos de competencia, que sin una variación de los hechos se proceda a una inhibición de la investigación cuando ya está concluida, pues se ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado sin que existan motivos que justifiquen en este caso la inhibición».
La Fundación CAM ya se manifestó a favor de que las actuaciones siguieran adelante, aunque únicamente contra Crespo, mientras que el Sabadell, actual propietario de Tinser, respondió a instancias del fiscal que no se iba a personar como perjudicado aunque no renunciaba a la indemnización que el acusador público le pudiera conseguir.
El magistrado, contra cuyo auto cabe recurso, ha rechazado la propuesta del fiscal sin dar traslado antes a las partes para que manifestaran su opinión.
