La Audiencia Nacional investigará los posibles pactos de precios entre las principales petroleras del país gracias a la querella de una asociación alicantina, la Organización de Consumidores y Usuarios «Jose María Mena», impulsada por el extrabajador de la CAM del mismo nombre y por el abogado José Luis Escobar. El titular del juzgado central de Instrucción número 4, el juez Fernando Andreu, acaba de admitir a trámite la citada querella en la que se solicita que se juzgue a los máximos responsables de Repsol, Cepsa, Disa y Meroil por un supuesto delito de alteración del mercado, tipificado en el artículo 284 del Código Penal y que puede conllevar un castigo de seis meses a dos años de cárcel.
Además, el juez ha decidido unificar esta querella con la que también había presentado el sindicato de funcionarios Manos Limpias por el mismo motivo y que también incluía a la portuguesa Galp, por lo que en total serán cinco las compañías investigadas.
La organización alicantina tomó la decisión de llevar el caso a los juzgados después de que el pasado invierno la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunciara la imposición de una multa de 32 millones de euros a estas cinco compañías tras hallar pruebas de conductas contrarias a la normativa. En concreto, según las conclusiones de este organismo, las compañías llegaron a «pactos de no agresión» en varias zonas del país y se intercambiaban información constantemente sobre las próximas subidas y bajadas que pensaban aplicar en los precios de los carburantes, lo que limitó durante años la competencia.
En varios correos, también se hallaron indicios de que las petroleras eran las responsables del llamado «efecto lunes», que provoca que ese día estén más baratos los carburantes porque es cuando se comunican los precios a la UE.
«Nos pareció un auténtico abuso y una barbaridad y no entendimos por qué la fiscalía no actuó de oficio cuando hay un delito clarísimo», explica José Luis Escobar, quien mostraba ayer su satisfacción por la admisión a trámite de la querella. En su escrito, el abogado alicantino se querella contra las citadas compañías pero también contra sus máximos ejecutivos. Es decir, contra Josu Jon Imaz, en el caso de Repsol; Kadem Al Qubaisi, en el de Cepsa; Raimundo Baroja (Disa) y José Luis Porte Solano (Meroil).
Como primer paso dentro de la instrucción de la causa, el juez Andreu ha reclamado a la Comisión de la Competencia el expediente completo que dio origen a la multa y también llamará a declarar a todos los querellados, aunque aún no ha fijado las fechas.
