El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, aseguró ayer que es «imprescindible superar las políticas de austeridad» para que las importantes reformas estructurales que se han realizado y las que aún quedan por hacer no vean «limitados» sus efectos. Así lo señaló el también economista durante la conferencia que impartió en la jornada Economía, sociedad y empresa: dónde estamos y hacia dónde vamos que ayer organizó Fundesem Business School en las instalaciones del Club INFORMACIÓN.

Durante su ponencia, que versó sobre los retos de la nueva economía, Gisbert reconoció la mejora de la situación en nuestro país pero destacó que el elevado endeudamiento, tanto público, como privado, como el «desproporcionado» nivel de paro siguen siendo los dos principales obstáculos para salir definitivamente de la crisis económica. Por ello abogó por continuar con las reformas, eso sí, encaminadas ahora a generar lo que denominó como «desarrollo inteligente», que debe basarse «en el capital humano y tecnológico» y dejar atrás el modelo productivo anterior.

Un nuevo marco que pasa por mejorar la competitividad del país, lograr un crecimiento «socialmente inclusivo» y que sea medioambientalmente sostenible. Sobre la primera cuestión, Juan Antonio Gisbert señaló que es necesario eliminar la regulación que ahora constriñe esta competitividad y unificar las distintas normativas de las comunidades autónomas. Pero fue mucho más osado al reclamar las ventajas que ahora otorga la normativa a las empresas de pequeño tamaño y, por el contrario, «potencial el papel dinamizador de las grandes empresas que son, por lo general, más competitivas». Una forma, aseguró, de que esa competitividad se transmita también a las pymes. Igualmente, reclamó un mayor esfuerzo para atraer inversión extranjera, sobre todo de empresas de capital tecnológico, y fomentar la innovación.

Para lograr que este crecimiento sea incluyente, las recetas que propuso fueron aprobar una ambiciosa reforma fiscal que distribuya mejor las cargas -ahora demasiado centradas en los rendimientos del trabajo- y que combata el fraude; y un gran acuerdo para mejorar la educación, el mejor camino «para conseguir una igualdad de oportunidades real». En este punto, reclamó una tolerancia cero con la economía sumergida.

Por último, también señaló la necesidad de tener en cuenta las repercusiones de la actividad económica sobre el medio ambiente para evitar que dejemos una carga demasiado pesada a futuras generaciones. En concreto, pidió limitar la ocupación de suelo y que antes de cualquier recalificación de terrenos se midan sus consecuencias.

Responsabilidad social

Por su parte, el filósofo Higinio Marín, señaló que «si algo ha demostrado esta crisis» es que la economía no puede funcionar si los actores que intervienen en la misma no demuestran un comportamiento «moral» y destacó que la acumulación de esta falta de ética «alcanzó tal magnitud» que fue lo que quebró el sistema. Así, señaló que, tanto las teorías liberales, como las socialdemócratas, pensaban «hasta ahora que no hacía falta que los agentes económicos tuvieran un comportamiento socialmente responsable», porque, en un caso la suma de esfuerzos y en el otro el Estado, llevaban a que los desajustes se corrigieran. «Ha quedado claro que no es así y que la moral también es importante», insistió.

Al respecto, defendió que si hay países como Inglaterra o Alemania que son más ricos que España es porque «trabajan mejor y cumplen más las reglas» por lo que abogó por impregnar de ética la actividad económica.