Las cifras son rotundas. Desde que estalló la crisis económica la cifra de pensionistas de la provincia no ha dejado de crecer con fuerza, hasta el punto de que en la actualidad ya hay 30.891 perceptores de prestaciones más que en 2008. Un incremento del 11,33% que se ha producido también en el resto del país y que no se justifica únicamente por el envejecimiento que ha sufrido la población en este tiempo. Al contrario, según denuncian los sindicatos, una parte muy significativa se debe a la falta de oportunidades laborales que han sufrido los miles de trabajadores mayores de 50 o de 55 años que han sido expulsados de sus empresas durante estos años, y que han visto en la jubilación o en el cobro de alguna pensión por incapacidad la única forma de garantizarse unos ingresos regulares.
No en vano, como recuerda el secretario general de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, los temidos ERE y los recortes de plantilla se han cebado con «muchos trabajadores cuyas edades estaban cercanas a la edad de jubilación». Unos profesionales para los que las posibilidades de encontrar trabajo son muy escasas y acaban agotando todas las prestaciones, según añade el responsable de Empleo de CC OO, José María Ruiz Olmos.
Por eso muchos de ellos han optado por retirarse antes de tiempo, aunque esto les supusiera una merma -en ocasiones bastante importante- en la cuantía de su prestación. Una reducción, en cualquier caso, preferible a quedarse sin ningún tipo de ingresos.
De esta forma, de las 272.580 pensiones que abonaba la Seguridad Social en la provincia en diciembre de 2008, se ha pasado a las 303.471 del pasado mes de julio, lo que supone un ritmo de crecimiento superior a las 5.000 prestaciones anuales, que sólo en el último ejercicio y tras el endurecimiento de la normativa por parte del Gobierno del PP ha empezado a frenarse. A esta cifra hay que sumar las 16.000 pensiones no contributivas que paga el Imserso.
A nivel nacional, la evolución ha sido bastante similar, ya que se ha pasado de 8.464.342 pensionistas a 9.307.631, un 9,96% más.
El problema ahora es de dónde sacar los recursos necesarios para pagar todas estas prestaciones. Sobre todo porque el número de trabajadores en activo y que, por tanto, cotizan cada mes a la Seguridad Social no sólo no ha crecido al mismo ritmo, sino que ha disminuido notablemente.
Así, en estos momentos en la provincia sólo hay 1,94 profesionales en activo por cada pensionista, por debajo de los dos que se considera el mínimo para que el sistema pueda tener alguna viabilidad. Y a nivel nacional -la cifra que realmente importa porque la caja de la Seguridad Social es única para todo el Estado- la situación aún es peor porque la ratio se sitúa en 1,86.
Más gasto y menos ingresos
A lo anterior hay que añadir otros dos factores que aún complican más la situación. El primero es que las pagas de los nuevos pensionistas son mucho mayores que la de aquellos que causan baja, lo que aún eleva más el gasto. Por ejemplo, mientras que la media de las nuevas prestaciones se situó en la provincia en 898 euros durante el pasado mes de junio, las que dejaron de abonarse apenas alcanzaban los 693 euros.
«Hay que tener en cuenta que la mayoría de los que se jubilan ahora son personas con largas carreras de cotización, lo que hace que cobren más. Otra cosa será cuando lleguen al retiro los que ahora sólo logran empleos temporales o a tiempo parcial», explica Ruiz-Olmos. Y ése es el segundo factor que aún reduce más los nuevos ingresos de la Seguridad Social. Que frente a unas prestaciones mayores, la proliferación de los minijobs o del autoempleo provocan que las cotizaciones que se abonan sean cada vez menores. El resultado es que el Gobierno ya se ha visto obligado a utilizar casi la mitad de lo que había guardado en la denominada «hucha de las pensiones».
Frente a esto, el secretario general de UGT en l'Alacantí lo que pide es una reforma para que la Seguridad Social deje de sufragar algunos gastos que no le corresponden, como el coste de las bonificaciones que existen para incentivar la contratación o el autoempleo, y que una parte del funcionamiento de este organismo salga de los Presupuestos Generales del Estado.
