El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó ayer la tradicional comida de inicio de curso que cada año organiza en la Albufera el máximo responsable de la Cámaras de Comercio de la Comunidad, José Vicente Morata, para reclamar al empresariado su apoyo explícito en la reivindicación que mantiene frente al Gobierno central para exigir una mejora de la financiación para la autonomía. Un respaldo que los patronos valencianos no dudaron en brindarle aunque, eso sí, a cambio le pidieron «más calidad institucional». Es decir, que profundice en la regeneración democrática de las administraciones públicas para que la autonomía supere de una vez por todas la mala imagen que le han dado los numerosos casos de corrupción, y que recupere la confianza de los inversores internacionales.
Así se lo hizo saber el propio Morata al jefe del Consell al inicio de un encuentro que, por lo demás, transcurrió de manera bastante cordial, según los asistentes consultados, ya que entre el empresariado se ha asentado la idea de dar un voto de confianza al nuevo Ejecutivo autonómico -que apenas lleva un par de meses en el cargo- antes de empezar con las quejas y reivindicaciones.
Junto a Puig, acudieron a la cita el conseller de Economía, Rafael Climent; y el de Hacienda, Vicente Soler, mientras que por la parte empresarial asistieron el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda; de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, además de representantes de las principales entidades financieras que operan en la Comunidad y de empresas particulares como Porcelanosa, Consum o Mercadona.
La cuota alicantina corrió a cargo del presidente de la Cámara de Alicante, José Enrique Garrigós -que preguntó al president por el trasvase-, y su vicepresidente Juan Riera, además de sus homólogos de Alcoy y Orihuela, además de los máximos responsables de las empresas Vectalia y el Grupo Actiu, entre otros.
Todos ellos reclamaron a Puig planes para favorecer la reindustrialización de la Comunidad Valenciana, mejorar las exportaciones, incrementar la calidad de los servicios turísticos -una reivindicación que realizó Juan Riera- y atraer inversiones extranjeras. En el capítulo de infraestructuras, la principal exigencia fue la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo; mientras que desde el punto de vista de funcionamiento de la Administración, reclamaron mayor agilidad en los trámites.
Pero la principal petición fue la ya citada mejora de la «calidad institucional» que realizó José Vicente Morata y en la que, sin mencionarla, dejó claro el hartazgo de los empresarios con la corrupción. «Es un factor determinante en la competitividad de un territorio y que afecta directamente a empresas y trabajadores», señaló el presidente del Consejo de Cámaras autonómico.
Puig recogió el guante y admitió la necesidad de profundizar en la regeneración democrática y, en cuanto al resto de peticiones, también transmitió su coincidencia con la mayoría de ellas. Eso sí, el jefe del Consell no ocultó que la actual situación de las cuentas públicas de la autonomía hacen muy difícil llevar a cabo cualquiera de esta políticas o inversiones. Por eso, reclamó a los empresarios su apoyo para continuar con la batalla que ha emprendido para exigir una mejora de la financiación autonómica y les pidió que presionaran al Gobierno en la medida de sus posibilidades. El cierre de filas fue unánime.
