El Puerto de Alicante nunca lo ha tenido fácil para atraer mercancías. Ubicado entre dos de los recintos con más actividad del país, como son Valencia y Cartagena, se vio especialmente afectado por el estallido de la crisis, que se llevó por delante más del 40% de su tráfico, formado en gran parte por material para la construcción. Los esfuerzos de los últimos años han permitido recuperar una mínima parte de ese negocio pero, aún así, no parece sencillo que algún día los muelles alicantinos dejen de ocupar una de las últimas posiciones -la 22 de un total de 28- entre los puertos españoles de titularidad estatal.
Por eso, no es la primera vez que se plantea la necesidad de darle al recinto un incentivo extra, la creación de una zona franca, que pueda atraer nuevas líneas y generar inversiones. Se trata de un terreno acotado, con un régimen aduanero especial en el que las empresas pueden almacenar mercancía importada y reexportarla sin pagar el IVA o los aranceles de entrada a la UE. O, en el caso de que los productos tengan como destino el mercado español o europeo, sólo abonan impuestos cuando los contenedores abandonan el recinto, lo que permite a las compañías demorar su pago -y, por tanto, contar con más liquidez- durante el periodo que los tienen almacenados en la zona franca. También pueden instalar en ella factorías para envasar o ensamblar el producto.
Hasta la fecha, la propuesta de poner en marcha una infraestructura así en Alicante casi nunca había pasado del ámbito académico, pero ahora ha decidido hacerla suya el presidente de la Diputación, César Sánchez, después de que José Císcar la lanzara como promesa electoral durante la campaña. Según dijo este jueves el secretario de Estado de Administraciones Pública, Antonio Beteta, el Gobierno también vería con buenos ojos la iniciativa aunque, curiosamente, donde todavía no se ha tratado el tema es en el propio consejo de administración del Puerto de Alicante.
Es más, en el entorno de la Autoridad Portuaria no tenían ayer claro la solidez de la propuesta ni si el apoyo estatal tenía más que ver con las próximas elecciones generales que con el interés real de promover el que sería el sexto recinto de estas características del país.
El ejemplo de Sevilla
Sevilla ha sido la última ciudad en incorporarse, este mismo año, a un selecto club al que, durante décadas, tan sólo han pertenecido Barcelona, Vigo, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria. Es también, por tanto, el espejo en el que se mira la Diputación a la hora de poner en marcha un proceso que en la capital andaluza llevó alrededor de tres años. La primera decisión ha sido la de encargar al Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) un informe sobre el impacto que tendría la creación de esta zona franca, una tarea nada sencilla sin tener claro, por ejemplo, las dimensiones del recinto o el interés de las empresas por instalarse en él.
En el caso de Sevilla se han acotado más de 700.000 metros cuadrados y sus promotores aseguran que se moverán 1,7 millones de toneladas -el año pasado por Alicante pasaron 2,4 millones-, lo que supondrá un volumen de negocio para las empresas de 1.000 millones. Sin embargo, desde la autoridad portuaria de Sevilla apuntaron hace unos meses que, quizá, había que rebajar esas expectativas. En Vigo, por ejemplo, la facturación de las compañías instaladas en su zona franca y en los parques empresariales dependientes de su consorcio ronda los 740 millones -la mayoría gracias a la Citroën- y en Cádiz suma unos 300 millones, según sus propias páginas web.
Las cifras parecen a primera vista abultadas pero, sin embargo, ninguno de estos dos puertos destacan realmente por su volumen de tráfico en el panorama nacional. Así, Cádiz suma 3,5 millones de toneladas frente a los 95 millones de la vecina Algeciras, el primer puerto de España, y Vigo contabiliza 4 millones frente a los 12 de A Coruña. Sí tienen más volumen Las Palmas (22,1 millones) y Barcelona (46,3 millones), aunque seguramente en esta cifras pesan factores como la insularidad o el potente tejido industrial catalán.
Interés empresarial
En cualquier caso, la propuesta ha sido muy bien recibida por las organizaciones empresariales, que consideran que esta zona tributaria especial podría convertirse en un importante foco de atracción de inversiones. Así, desde la Cámara de Comercio señalaron su apoyo «a cualquier iniciativa que potencie el Puerto» y señalaron que creación de una zona franca podría resultar «muy interesante». Para el presidente de Coepa, Moisés Jiménez, sería «un nuevo polo de actividad muy importante para relanzar la economía provincial» y destacó la capacidad de la provincia está «más que preparada» para albergar una infraestructura así.
No en vano en 2010 un estudio del profesor de la Universidad de Alicante Miguel Ángel Vega ya destacaba que la provincia «reúne las condiciones ideales para la instalación de una zona franca ya que existen infraestructuras suficientes» para distribuir las mercancías que atraería un complejo así, entre las que citaba la cercanía del aeropuerto de El Altet, la importante red de carreteras y la conexión ferroviaria hasta el Puerto. Por su parte, el estudio Puerto de Alicante: Una apuesta de futuro, también de la UA, señalaba la posición estratégica de Alicante para convertirse en el gran puerto de entrada de productos de todo el Norte de África. Ahora falta que se materialice.
