Los hogares españoles pagan de media en la actualidad 400 euros al año más de luz que hace una década, según un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, en el que se aprecia que el recibo ha sufrido un encarecimiento del 76% entre 2005 y 2015.
Por ello, ha reclamado la intervención del sector eléctrico «para fijar las tarifas sobre la base del coste real de la energía».
Facua ha analizado más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas en un estudio que refleja que el usuario medio en España consume 366 kilovatios-hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y del que se desprende que el consumidor ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más por su consumo eléctrico que lo que pagó en 2005.
Esta organización ha responsabilizado de esta «descomunal subida» de la electricidad a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, «plegadas a los intereses de las grandes eléctricas».
El usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad entre agosto de 2014 y julio de 2015 (una media de 77,43 euros mensuales), frente a los 529,32 euros (44,11 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004, según los análisis de FACUA. Con la tarifa media del pasado julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales, el 9,7% más que los 73,99 euros que pagó de julio de 2011.
A juicio de Facua, esta «brutal» subida tarifaria evidencia que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE «han beneficiado al oligopolio eléctrico», que a modo de «lobby viene dictando las políticas energéticas en España y lidera el ránking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca». Por ello, reclama que el Gobierno intervenga el sector eléctrico y regule una tarifa «basada en el coste real» de la producción energética en el mercado mayorista, que causaría «una importante bajada».
La asociación de consumidores también demanda medidas regulatorias para proteger los intereses de las familias con mayores dificultades económicas y evitar los cientos de miles de cortes de luz por impago que se producen cada año.
