Aunque el Sabadell ha empezado este verano a retirar la marca «CAM» de sus oficinas de la Comunidad Valenciana y Murcia con el objetivo de unificar su imagen en todo el país, la Fundación Caja Mediterráneo quiere que la entidad catalana le compense por los más de tres años en que ha estado utilizando esta denominación comercial y que, a su juicio, el FROB le cedió de forma irregular. Así lo ha confirmado a este diario el presidente de la institución heredera de la Obra Social de la antigua caja alicantina, Matías Pérez Such, quien tiene la intención de encargar un peritaje para calcular el dinero que, en su opinión, el banco debería haber abonado durante este tiempo en concepto de canon por el uso de este nombre.
En este sentido, la Fundación ya envió en julio del año pasado un burofax al Sabadell para exigir la «devolución» de la marca y el abono del citado canon para evitar que su reclamación prescribiera, y ahora pretende retomar el asunto en las próximas semanas, cuando también tiene previsto reunirse con la entidad presidida por Josep Oliu para tratar sobre la disputa que también mantienen sobre la propiedad de cerca de 3.000 obras de arte.
El origen de todo el conflicto está en la modificación que los administradores designados por el FROB realizaron del acta de segregación del Banco CAM, la operación por la que se separó el negocio financiero de la caja de ahorros propiamente dicha, que quedaría como accionista de la nueva entidad y como gestora de la Obra Social. Según Pérez Such, la intención de los responsables de la CAM siempre fue que las marcas y todos los nombres comerciales siguieran perteneciendo a la caja para que, así, si algún día se perdía la propiedad del banco, éste no pudiera utilizarlas libremente. Así fue como lo aprobó la asamblea de la caja en marzo de 2011.
Sin embargo, todo cambió cuando, pocos meses después, en julio de ese mismo año, la CAM fue intervenida y el FROB sacó a subasta el nuevo banco creado con los activos de la caja alicantina. Entonces, los administradores provisionales consideraron que carecía de sentido vender un banco sin su marca y modificaron el acta de segregación a posteriori. Así lo reconoció uno de ellos, José Antonio Iturriaga, durante su comparecencia en la comisión de las Cortes Valencianas que investigó la debacle de la entidad. «Parecía poco razonable», aseguró Iturriaga sobre el hecho de que las denominaciones comerciales no fueran propiedad del banco, «que era quien iba a tener capacidad para utilizarlas».
Desde la Fundación CAM consideran que este cambio no es válido y que, como mínimo, se tendría que haber ratificado en la última asamblea general que celebró la caja, una vez ya intervenida, en julio de 2012. Por eso exigen que el Sabadell les devuelva el registro de la marca y que les pague por todo el tiempo que han estado utilizándola, aunque ahora hayan empezado a retirarla. «Si la han querido usar tanto tiempo es porque algún valor tendría», insiste Pérez Such, quien no oculta que estos ingresos le vendrían muy bien a las delicadas cuentas de la Fundación, que aún trata de encontrar un modelo que garantice su financiación.
Al respecto, la fundación quiere encargar a un perito que ponga cifras a esta reclamación, aunque se muestran abiertos al diálogo, ya que no quieren un enfrentamiento judicial por este asunto.
Desde el Banco Sabadell rechazaron ayer realizar ningún comentario, aunque siempre han defendido que cuando ellos se presentaron a la subasta organizada por el FROB, las marcas ya formaban parte de los activos que estaban en venta.
