Los principales sindicatos y organizaciones empresariales alicantinas mostraron ayer su «indignación» al conocer que Bruselas mantiene bloqueados 80 millones de euros destinados a los programas de fomento del empleo y la formación del Servef que el anterior Consell no justificó debidamente, y reclamaron al nuevo ejecutivo autonómico que acelere los trámites para resolver esta situación y, sobre todo, que exija «responsabilidades» por lo que consideran una gestión «nefasta» del PP.
Según denunció el pasado domingo en una entrevista a este diario la nueva secretaria autonómica de Economía Sostenible, María José Mira, la Comisión Europea mantiene congelados estos fondos desde el año 2012 a la espera de que se le acredite debidamente el uso de todo el dinero. Una tarea que el anterior Gobierno valenciano no logró finalizar antes de las elecciones y que ahora los nuevos responsables autonómicos se han visto obligados a realizar de urgencia para poder recibir nuevas partidas para estas áreas.
«Es lamentable que cuando más se necesitan este tipo de ayudas para reciclar a los parados o impulsar la creación de puestos de trabajo se produzca un problema así por culpa de una mala gestión», apuntó el secretario general del UGT-PV, Gonzalo Pino. «Esperemos que no se acabe perdiendo el dinero y, desde luego, creemos que hay que señalar a los responsables», insistió el dirigente ugetista.
En la misma línea, el secretario de Empleo de CC OO en l'Alacantí y les Marines, José María Ruiz Olmos, calificó de «irresponsables» a los anteriores titulares de la Conselleria por lo ocurrido y, en general, por su «despreocupación de las políticas activas de empleo». Así, recordó que el PP «también se ha marchado sin poner en marcha el Plan de Garantía Juvenil» y apuntó que «no es suficiente con que se hayan dado el batacazo en las urnas, si han cometido alguna irregularidad, deben pagar».
De su bolsillo
De la misma opinión es el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, quien ya ha reclamado, por ejemplo, que sean directamente los políticos los que se hagan cargo de la multa de 19 millones que ha impuesto Bruselas a la Comunidad Valenciana por las denominadas facturas en los cajones de la Sanidad. Un criterio que, a su juicio, también debería darse en este caso si, finalmente, se produce alguna pérdida de fondos para la autonomía. «Esto es una fotografía más del nefasto Gobierno que hemos tenido en los últimos años y al que Bruselas ya le sacó los colores en varias ocasiones», aseguró Navarro.
Por su parte, el presidente de Coepa, Moisés Jiménez, se muestra más comedido aunque, en su opinión, también «está claro que las cosas no se han hecho bien». No obstante, señala que ahora «lo primordial es resolverlo para que el Servef pueda funcionar y ser útil a empresas y trabajadores». Para ello aboga por adaptar al máximo la formación que ofrece el organismo público «a lo que realmente necesitan las empresas» y que se puedan «recuperar numerosos oficios de los que ahora hay falta de mano de obra».
El nuevo Consell trata de desbloquear el cobro de estos 80 millones y que el Servef recupere la certificación para seguir recibiendo fondos europeos.
