Claudiu Tomescu tiene 42 años, varias gasas en la espalda y dos parches de morfina en el pecho. Lleva en huelga de hambre desde el pasado jueves y ahora está sentado enfrente del edificio de Inspección de Trabajo de Alicante con un cartel pegado con celo en la camiseta, una maleta llena de documentos y su muleta.
Hace tres años fue despedido de su puesto de trabajo en una empresa de viveros, con una sentencia del juzgado que califica tal hecho de improcedente. La empresa se declaró insolvente y no hizo frente al pago de 6680 euros de indemnización, de la que se hizo cargo en un 70% el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
«Esta es de una rosa que me clavé, aquí me dio una coz un caballo...», dice Claudio mientras enseña las cicatrices que tiene por el cuerpo, asegurando que son accidentes laborales, para él la causa real de su despido.
Con una invalidez del 55% y el cobro de 394 euros mensuales pide la incapacidad total derivada de los múltiples accidentes de trabajo y la incapacidad absoluta por un accidente de tráfico, en el que asegura que sufrió un desplazamiento de columna que fue la causa de una operación quirúrgica posterior y de la imposibilidad total de ocupar un empleo.
