La factura de la salvación de la Sociedad de Garantía Reciproca (SGR) de la Comunidad Valenciana no deja de crecer para la Generalitat. Ya supera los 360 millones y seguirá aumentando en los próximos ejercicios como consecuencia del contrato de refinanciamiento suscrito entre ambas partes por el que la Administración autonómica tiene que pagar el 40% de los avales fallidos que genere la entidad hasta 2013. La Cuenta General de 2014 de la Generalitat, hecha pública la semana pasada, reveló una deuda por la SGR de 107 millones. Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, esa cantidad es la pesada losa del citado contrato, que solo en 2014 causó un quebranto a la Administración autonómica de 80 millones.
El contrato de refinanciamiento -un aval sobre avales- fue suscrito inicialmente en 1992, si bien la versión actual, que hace responsable a la Generalitat de un 40% de las pérdidas por fallidos, se remonta a 2000. La vinculación tenía fecha de caducidad: 2013. Así que está incluida toda la etapa de desvarío en la gestión que a punto estuvo de provocar la desaparición de la SGR en 2013 y que se evitó tras un acuerdo entre la Generalitat y la banca. En cuanto la SGR volvió a tener músculo, los bancos empezaron a ejecutar los créditos incobrables que la sociedad había avalado antes de 2013. Esta última se hizo cargo de su parte y la Generalitat, en virtud del contrato, de la suya, de un 40% de las pérdidas totales de cada aval. El año pasado afloraron 80 millones, a los que hay que sumar los 27 del ejercicio anterior. En el futuro, las pérdidas aumentarán. Se desconoce la cifra final, pero algunas estimaciones apuntan a los 200 millones.
El contrato de refinanciamiento incluye un calendario de pagos. Las pérdidas que afloren en 2014 se pagarán en cuatro recibos anuales de un 25% del total cada uno de ellos. El primero correspondía abonarlo antes de finalizar este mes de julio. Ante el inesperado requerimiento de los bancos, este departamento de la Generalitat, dirigido en la última etapa del PP por Juan Carlos Moragues, pidió un informe a la Intervención General para asegurarse de la legalidad de este pago. Dada la respuesta positiva, ya ha efectuado el primer abono, que asciende a 20 millones de euros. La misma cantidad deberá pagarla en julio de 2016 y en el mismo mes de 2017 y 2018 para liquidar esa deuda.
