Un mes cumplirán el próximo domingo entre rejas los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, para quienes la sección cuarta de la Audiencia Nacional acaba de ratificar la prisión incondicional sin fianza que el magistrado Juan Pablo González dictó el pasado 2 de julio. El encarcelamiento de los empresarios se produjo después de que ese día, cuando procedentes de Alicante llegaban en el Ave a Madrid a cerrar una operación comercial, fueron detenidos y conducidos ante el juez para que declararan en el marco de la causa que investiga los préstamos que recibieron de Bancaja y de su filial el Banco de Valencia para montar negocios en México. Los investigadores mantienen que los créditos para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano, de las que no se exigieron excesivas garantías, superaron los 500 millones de dólares, de los que los hoteleros habrían desviado 130 a los paraísos fiscales de Andorra y Suiza. El quebranto a ambas entidades se ha estimado en unos 250 millones de dólares.
Junto a Ferri y Baldó fue detenido en esta operación el exjefe del Consell y también presidente de Bancaja y del Banco de Valencia cuando se concedieron los préstamos, José Luis Olivas, así como otros exdirectivos de estas entidades, entre los que encontraban Aurelio Izquierdo, José Cortina o Domingo Parra. Hoy todos están en libertad con la única obligación de presentarse periódicamente en el juzgado después de que Izquierdo y Cortina, los únicos junto a los empresarios para los que el juez dictó prisión, abonaran el medio millón que les impuso como fianza. Una posibilidad, la de pagar por su libertad, que no le dio a Ferri y a Baldó ante el temor, adujo el juez, de que pudieran fugarse dado que cuentan con los medios económicos suficientes para hacerlo.
Contra estos argumentos recurrió el abogado de los empresarios que apoyó su petición de que fueran puestos en libertad en el hecho de que siempre que la Justicia les ha requerido han comparecido y en que tienen depositado millón y medio cada uno en la cuenta del juzgado, la cantidad que al final tuvieron que pagar para eludir la prisión que en diciembre de 2013 dictó el magistrado Javier Gómez Bermúdez en la pieza que investiga los préstamos que recibieron de la CAM, también para negocios en el Caribe.
El letrado añadía que sus clientes tienen garantías suficientes para hacer frente a los 500 millones que se les concedieron y que prueba de su buena actitud desde que comenzó su pesadilla judicial, a finales de 2013, cuando tuvieron que declarar por sus negocios con la CAM, es que el juez les había devuelto en una ocasión los pasaportes (que tienen retirados desde entonces por esa causa) para que pudieran viajar a México durante diez días y que les había concedido otro permiso para hacerlo la misma semana que fueron detenidos.
Aunque es de suponer que la defensa de los empresarios volverá a pedir su libertad en breve, la prisión preventiva en España tiene un límite de dos años prorrogable a cuatro, según la gravedad delito.
