La asamblea de Cepyme acordó ayer redoblar la presión para quedarse con la representación de los empresarios en la provincia de Alicante, después de que Coepa haya consumado la expulsión de la confederación de Cristóbal Navarro. Para ello, lo que se acordó es pedir formalmente a todas las administraciones, de carácter local, provincial y autonómico, que se cuente con Cepyme en cualquier órgano en el que estén representados los agentes sociales. Paralelamente, la organización también moverá ficha para que el Consell cambie la actual Ley de Participación Institucional. «Una ley en la que no entra una confederación con 22.000 empresas de la provincia de Alicante no puede decirse que sea de participación institucional, será una ley de otra cosa», argumentó Navarro, quien, de hecho, dejó caer que «nos tememos que es una fórmula para silenciar a los empresarios y a los sindicatos, y eso no se puede permitir».
