En los juzgados de Alicante. Ahí es donde considera la Fiscalía Anticorrupción que debe continuar la instrucción del proceso abierto contra el último presidente de la CAM y el primero que cobró por serlo, el empresario de Elche Modesto Crespo, tras haber percibido 640 euros (parte de ellos con carácter retroactivo) en concepto de dietas en menos de dos años. Una cantidad que se embolsó como presidente del consejo de administración de Tinser, una mercantil participada al 100% por la caja de ahorros que hasta la llegada de Crespo había funcionado sin ese órgano y a la que el nuevo presidente tampoco es que le dedicara excesiva atención una vez colocado a su frente, según se ha ido desvelando durante la instrucción. El Ministerio Público ha hecho este planteamiento cuando la investigación judicial está prácticamente finalizada y sólo a expensas de que el actual instructor, el magistrado Juan Pablo González, decida si la archiva o continúa con las actuaciones, y contra quién o quienes las sigue.
Pieza separada
Se trata de un procedimiento que arrancó el pasado otoño con el impulso de la Fiscalía y al que el entonces instructor, Javier Gómez Bermúdez, dio la consideración de pieza separada de la causa principal, la que investiga si los últimos gestores de la caja falsearon las cuentas de la entidad para asignarse unas remuneraciones a las que no tendrían derecho, según mantienen tanto las acusaciones como el juez en el auto por el que procesa a ochos exresponsables de la caja, uno de ellos el expresidente.
Tras meses de instrucción y después de que, además de Crespo, hayan declarado como imputados el exdirector general Roberto López Abad, el exletrado de la entidad Juan Martínez-Abarca y todos los miembros del consejo de administración de la CAM que dio luz verde tanto al nombramiento del empresario ilicitano al frente de Tinser como a los cobros, el fiscal entiende que el asunto no tiene la entidad suficiente para que se sigua instruyendo en la Audiencia Nacional. Para apoyar su planteamiento, que ahora tendrá que resolver el magistrado González, el acusador público argumenta que no se trata de un caso con múltiples perjudicados, ni de una estafa masiva, ni de un asunto que ponga en peligro la economía nacional, por lo que la Audiencia Nacional debería inhibirse a favor de los juzgados de Alicante, donde tendría concluir la instrucción y juzgarse. Entiende esta parte que mandar el proceso a la provincia tampoco afecta a la pieza principal, en el sentido de que no la retrasaría.
mientras que el Sabadell, actual propietario de Tinser, respondió a instancias del fiscal que no se iba a personar como perjudicado aunque no renunciaba a la indemnización que el acusador público le pudiera conseguir.
