La discriminación que se sufre la Comunidad Valenciana con el actual modelo de financiación autonómica y el reparto de inversiones por parte del Gobierno central es más que evidente. Así se ha venido denunciando desde no pocos foros en los últimos años, sin que haya servido de mucho hasta ahora. Sin embargo, ni por esas piensa tirar la toalla el nuevo Consell. Para lograrlo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha optado por aliarse con los empresarios y los sindicatos y hacer un gran frente común con tres objetivos muy claros: exigir una financiación autonómica más justa; el pago de la deuda histórica, que cifró Puig en 40.000 millones; y un mejor reparto de las inversiones, de forma que a esta Comunidad llegue el 11% de lo que destina el Gobierno central. Es lo que, desde el Ejecutivo autonómico, ya han bautizado como los «Pactos por la Comunidad Valenciana», y con los que, en palabras de Ximo Puig, buscan una nueva forma de relacionarse con Madrid.
Puig ya había venido defendiendo desde hace tiempo que, en una situación como la actual, la solución sólo puede pasar por una política de pactos. Pactos en un doble sentido: para identificar los problemas que en estos momentos tiene la Comunidad Valenciana y también para buscar soluciones. Con estos puntos de partida, era más que evidente que el primer paso era un acercamiento a los empresarios y a los sindicatos, y ese acercamiento se produjo ayer. Con el Palau de la Generalitat como escenario, el jefe del Consell se reunió con el mandatario de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y con los secretarios generales de UGT-PV y CC OO-PV, Gonzalo Pino y Paco Molina, respectivamente.
Fue en este contexto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico buscó el respaldo de los agentes económicos en sus reivindicaciones. Ahora bien, dejó claro que esto sólo es el principio. Habrá que buscar también el apoyo del resto de partidos políticos, de las universidades, y de la sociedad en general. «Creemos en el gran potencial de la Comunidad Valenciana, pero todos tenemos que arrimar el hombro», sentenció Ximo Puig. «Esto es una cuestión de país, no de un partido ni del propio Gobierno», añadió. No obstante, se mostró partidario de agotar la vía del diálogo antes de recurrir a otras medidas más contundentes, y, más allá de eso, se comprometió a que cualquier paso que se dé será consensuado con todos los agentes sociales.
Por el momento, la idea es plasmar este pacto en un documento que se abra a toda la sociedad, con el objetivo de poner fin a una situación discriminatoria impulsada desde el Gobierno central que, como subrayó el jefe del Consell, «imposibilita el potencial de esta tierra y limita su situación». En este línea, incidió en que lo que está en juego es ni más ni menos que el autogobierno valenciano.
No será éste el único paso que se dé. De cara a septiembre, una vez pasadas las vacaciones, lo que se busca intensificar esos contactos a través de una mesa de diálogo social, con vocación de permanencia, en la que se aborden los problemas más urgentes que tiene la Comunidad Valenciana en estos momentos, como el desempleo, la fiscalidad o fórmulas que garanticen la continuidad del Estado de bienestar. Una vez establecidas las bases, lo que se quiere es que todo este proceso culmine en un gran plan económico que esté vigente durante los próximos cuatro años.
Tras el encuentro, unos y otros elogiaron la voluntad de diálogo mostrada por todas las partes. Sin ir más lejos, el presidente de Cierval puso el acento en que estas reivindicaciones son «vitales» para el desarrollo de la Comunidad Valenciana y, por ello, se comprometió a que los empresarios darán su total apoyo a estas demandas, «en cualquier circunstancia y en cualquier momento», según afirmó. No menos colaborativos se mostraron los dirigentes de UGT-PV y CC OO-PV, que, además, aprovecharon la coyuntura para afear a los anteriores gobiernos del PP que no hicieran lo propio y no tuvieran en cuenta las opiniones de los representantes de los trabajadores. Ahora bien, el líder ugetista, Gonzalo Pino, si alertó de que, si la vía del diálogo vuelve a fracasar con Madrid no dudarán en movilizar a la sociedad civil para pedir lo que en justicia le corresponde a esta Comunidad.
