Pescar sin lanzar la caña. Eso es lo que, a simple vista, pretende el Banco de Sabadell en el marco de la causa que investiga el cobro presuntamente ilegal por parte del último presidente de la CAM, Modesto Crespo, de 640.000 euros en concepto de dietas como responsable del consejo de administración de la participada Tinser. Unos hechos que desde el pasado otoño se vienen investigando en la Audiencia Nacional y por los que han declarado como imputados, además de Crespo, todos los miembros del consejo de administración que aprobó los pagos (parte de ellos con carácter retroactivo), el exdirector general Roberto López Abad y el exletrado de la caja de ahorros Juan Martínez-Abarca.
A instancias del Ministerio Público, quien entiende que es el Sabadell (entidad que acabó absorbiendo Tinser tras hacerse con la caja de ahorros por el precio de un euro) y no la Fundación CAM el perjudicado por estos abonos, el juzgado realizó un ofrecimiento de acciones al banco catalán para que manifestara si se consideraba damnificado por estos pagos, que convirtieron al empresario ilicitano en el primer presidente de la CAM que cobraba.
En vez de declinar de plano el ofrecimiento, el representante del Sabadell se da por «enterado» de la oferta «quedando a resultas de lo que el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública que le compete, reclame en concepto de reparación o indemnización a favor de la sociedad a la que represento».
Hasta la fecha el Sabadell había rechazado todos los planteamientos que le le llegaban del juzgado para personarse en alguna de la media docena de piezas en las que se está investigando la gestión de la CAM. Una de ellas, en la que estaban acusados López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, ya juzgada y saldada con una absolución pendiente ahora del Tribunal Supremo.
La entidad catalana únicamente está presente en la pieza abierta por la emisión y comercialización de preferentes y cuotas participativas pero en ese caso como responsable civil subsidiaria, condición que comparte con la Fundación CAM, tras ser llamada por el instructor.
Lo que queda
Una vez conocida la respuesta del Sabadell, en el sentido de que no va a batallar para ser resarcido por estos pagos pero que tampoco renuncia a lo que el fiscal pudiera conseguir para la entidad, el proceso se encuentra sólo a falta de lo que decida el instructor. Tras la marcha a Francia del titular del juzgado Central 3, Javier Gómez Bermúdez, es el magistrado Juan Pablo González el que ostenta ahora esta condición, aunque con carácter provisional ya que la plaza ha sido convocada y podría quedar cubierta en unos meses.
Será entonces González o su sucesor quien tendrá que decidir si el procedimiento se archiva y si continúan las actuaciones y contra quién o quiénes. La Fundación CAM, acusación particular en este procedimiento, ya se ha manifestado a favor de continuar con el proceso pero sólo contra Crespo instando al cierre de la causa para el resto de los imputados.
