El expresidente de la Generalitat José Luis Olivas salió anoche cansado pero por su propio pie de la Audiencia Nacional, a donde había llegado por la mañana desde Valencia en un furgón policial tras dos días detenido por créditos concedidos por Bancaja, entidad de la que era presidente, para negocios en el Caribe. Mientras, los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, quienes gestionaron estas inversiones, han vuelto esta noche a Soto del Real después de que el juez Juan Pablo González, ante quien comparecieron ayer también arrestados por el presunto desvío de 115 millones de euros a Andorra y Suiza, decretara para ellos prisión incondicional sin fianza.

Una medida mucho más dura, si cabe, que la cárcel eludible con siete millones que en diciembre de 2013 acordó el magistrado Gómez Bermúdez en la pieza que investiga unos hechos similares, sólo que en ese caso con fondos de la CAM. En aquella ocasión, en apenas tres días los empresarios lograron reunir los 14 millones con los que pudieron comprar su libertad.

Ahora no tienen ni esa posibilidad. Ferri y Baldó son, sin duda, los que peor parados han salido de los siete arrestados el lunes en el marco de la operación Coral que desde hace más de un año investiga la financiación que Bancaja y su filial, el Banco de Valencia, les concedieron para negocios en México. Junto a ellos y a Olivas, que fue el último en declarar y para el que el magistrado únicamente decretó comparecencias quincenales en el juzgado, fue conducida también ante su señoría la excúpula directiva de ambas entidades financieras.

El ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y el ex director general adjunto José Cortina sabrán también a partir de ahora lo que es dormir en prisión, aunque ellos al menos podrán salir previo pago de medio millón cada uno. Más indulgente fue el magistrado con el ex consejero delegado Domingo Parra, para quien sólo decretó comparecencias mensuales. Una medida que, en el caso de exdirector de Negocio Internacional de Bancaja Hábitat, Julián Dolz, tendrá carácter quincenal, como en el de Olivas.

Al cierre de la edición este diario no había podido confirmar si el magistrado González había acordado otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar el territorio nacional, como sí hizo Bermúdez en la pieza que investiga las inversiones de la CAM en el Caribe, también con Ferri y Baldó como aliados.

Los siete arrestados que declararon ayer fueron detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a los miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, que fueron puestos en libertad el mismo lunes tras declarar ante la Guardia Civil en Valencia. La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha realizado por delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.

Los investigares sostienen que, al margen del desvío del dinero a paraísos fiscales mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales, las operaciones crediticias ocasionaron a Bancaja un quebranto de más de 250 millones de dólares.