Los hoteleros Juan Ferri y José Baldó no fueron los únicos empresarios de la provincia que mantuvieron una estrecha relación con Bancaja y con el Banco de Valencia y que ahora están siendo investigado por la Justicia por este motivo. La Audiencia Nacional también mantiene abiertas sendas causas por los negocios que las entidades valencianas mantuvieron con Enrique Ortiz y con el ilicitano Ramón Salvador.
Este último caso fue uno de los siete que decidió denunciar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras intervenir el Banco de Valencia y descubrir numerosas irregularidades. Según la querella, además de la irracionalidad en la concesión de muchos créditos, el Banco de Valencia y Salvador habrían creado una sociedad -Hábitat 2018- con el único objetivo de que adquiriese varios activos del empresario a un precio sobrevalorado y, de esta forma, «financiarle delictivamente». El FROB considera que el perjuicio ocasionado a la entidad podría superar los 120 millones de euros. José Luis Olivas y el resto de la plana mayor del Banco de Valencia declararon como imputados por este caso el pasado abril.
En cuanto a Enrique Ortiz, fue Bankia la que trasladó a la fiscalía al menos tres de las operaciones que Bancaja firmó en su día con el promotor alicantino, entre ellas, la adquisición del 20% del Plan Rabasa. Una participación por la que la caja valenciana pagó 44 millones de euros contra el criterio de los propios técnicos de la entidad, que avisaron del «pelotazo». También se cuestiona que Urbanika, participada por Ortiz y Bancaja, le pagara al empresario 55,5 millones por la sociedad Vistahermosa ciudad cuando sus activos estaban valorados en 1,7 milones. Igualmente, Bankia ve irregularidades en el traspaso a la citad mercantil de varios terrenos en Benidorm.
