Coepa no sólo consiguió cerrar el ejercicio 2014 en positivo, sino que lo hizo con un beneficio de 126.194 euros, casi 110.000 euros por encima de lo inicialmente previsto -en los presupuestos se estimaba que el ejercicio se iba a cerrar con unas ganancias de 17.000 euros-, y muy lejos de los 692.000 euros de pérdidas de un año antes. Ahora bien, los resultados no fueron consecuencia de la política de ajustes de la patronal. Por el contrario, fue la venta del edificio de Ruperto Chapí, formalizada en agosto del año pasado, la que, al final, consiguió tapar las pérdidas de la organización empresarial. Sea como sea, los fondos propios siguen en negativo, y se quedan en 1,8 millones de euros. Así se desprende de las cuentas anuales de 2014 que pasarán hoy por la asamblea general que celebra Coepa.
La memoria económica no puede ser más ilustrativa. El documento viene a admitir que la venta del edificio de Ruperto Chapí ha supuesto un beneficio de 846.000 euros. Sin embargo, ni la política de reestructuración ni los ajustes de los últimos años, con recortes de personal de por medio, han hecho posible reducir más los gastos, se justifican desde la patronal. Dicho de otra forma: la actividad de la entidad no tiene capacidad para soportar los costes fijos. Eso, unido a las minoraciones de convenios en los que se preveía cobrar más de lo que se cobró y unido a las indemnizaciones a la plantilla, ha hecho que esas ganancias de la compraventa sólo hayan servido para parchear el agujero, sin que se haya podido destinar nada al pago de deudas pendientes, sin ir más lejos, como la que se mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por el centro de oficios.
Desde la confederación que dirige Moisés Jiménez, no en vano, admiten en ese informe económico que la tesorería generada en el año 2014 no ha sido suficiente para cubrir el pago de las obligaciones financieras y, concretamente, las que se mantienen con el banco de la Generalitat. Reconocen así que se ha incurrido en el impago de cuotas vencidas del crédito del IVF por un importe que se sitúa al cierre del ejercicio en 525.000 euros, a lo que habría que sumar los intereses de rigor.
De hecho, la situación del centro de oficios ocupa un lugar destacado a lo largo de toda la memoria. De entrada, en esas cuentas firmadas por todos los miembros del comité ejecutivo de Coepa, salvo por Toni Mayor -vocal cuarto-, la organización sostiene una vez más que se sigue en conversaciones con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Alicante -como propietario del suelo en el que se levanta el edificio- para entregar ese activo y cancelar todas las deudas asociadas. A partir de ahí, alude a ese requerimiento recibido el pasado 5 de junio por el que el Consell reclamaba formalmente el pago de la deuda, que se sitúa entre amortizaciones e intereses en unos 3 de millones de euros.
En cualquier caso, Coepa poco menos que quita hierro a este asunto en la memoria, y viene a decir que esa reclamación «no impedirá llegar a un acuerdo a corto plazo con la institución financiera, así como con el Ayuntamiento de Alicante, que realizó la cesión del suelo», dicen literalmente. Con ello, y así lo dejan claro, lo que persiguen es o bien generar actividad que dé liquidez con la que ir cubriendo la deuda o bien soltar lastre con una dación en pago.
Evidentemente, el informe no pasa de largo tampoco este año por el riesgo de tener que devolver las subvenciones que se recibieron en su día para la construcción del centro de oficios, siempre y cuando el edificio no se destine a actividades formativas. «De darse el caso de estar obligado a la devolución de las subvenciones recibidas, que en su momento ascendieron a 3,8 millones de euros, la confederación vería reducido su patrimonio y tendría que reconocer un nuevo pasivo por dicho importe, lo que podría condicionar de forma determinante el futuro de la confederación». Acto seguido, y aunque admiten que las instalaciones han permanecido cerradas desde mediados de 2012 y hasta finales de 2014, siguen defendiendo que el fin para el que se dieron esas ayudas siempre se ha cumplido. Alegan, pues, que las condiciones establecidas siempre se han cumplido, pese a la clausura de las instalaciones durante dos años.
