El origen de la actual investigación del juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional se encuentra en los informes que realizaron el Banco de España y la consultora PwC después de que el Gobierno tuviera que salir al rescate de Bankia y sustituyera a sus responsables, lo que permitió sacar a la luz los desmanes cometidos en los años anteriores por las cajas de ahorros que se fusionaron para crear la entidad. La enorme cuantía de la inversión que Bancaja y su participada el Banco de Valencia habían realizado en el Grupo Grand Coral -más de 540 millones de euros entre créditos y aportaciones de capital- pronto llamó la atención de los inspectores del supervisor y de los expertos de la consultora, que rápidamente se dieron cuenta del reguero de irregularidades que acumulaban.
Se encontraron, entre otros, con préstamos multimillonarios concedidos sin las tasaciones necesarias, con precios de suelos o de acciones que multiplicaban su valor en apenas unos días y con un complejo entramado de sociedades domiciliadas en Holanda para favorecer «la ausencia de control sobre el destino de los fondos», según el citado informe del Banco de España, que estimó en 250 millones de euros el posible quebranto que todas estas operaciones habían ocasionado a Bankia. Una cifra que luego la propia entidad elevó hasta los 330 millones en la querella que su nuevo equipo directivo, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, decidió trasladar a la Fiscalía y que ha dado pie a la instrucción de la causa.
El mayor desarrollo de Riviera Maya
Fue en el año 2005 cuando Bancaja y el Banco de Valencia, entonces presididos por José Luis Olivas, decidieron entrar en los negocios inmobiliarios que Juan Ferri y José Baldó, propietarios del grupo Marconfort, pretendían desarrollar en dos de las regiones más turísticas de México: la Riviera Maya y Baja California. Los empresarios de Benidorm estaban creando en paralelo un grupo hotelero en la zona junto a la CAM-Valfensal, que también está siendo investigado- y de la mano de Bancaja querían convertirse también en uno de los mayores promotores del país azteca. De hecho, Grand Coral llegó a anunciarse como «el mayor desarrollo» urbanístico de esta zona del Caribe mexicano y el propio Olivas no dudó en cruzar el charco para promocionar y presumir de sus inversiones.
Sin embargo, los inspectores del Banco de España pusieron en duda la legalidad de prácticamente todas las operaciones del grupo. La primera fue la compra de una parcela de 16.000 metros cuadrados en Cancún, en la que luego se levantaría la Torre Emerald. Grand Coral pagó 4,3 millones de dólares por el suelo en febrero de 2005 pero apenas unos meses después lo valoró en 30 millones cuando Bancaja entró en el accionariado, una valoración que también sirvió para aprobar la financiación necesaria para el proyecto, de acuerdo con el citado informe. Algo similar ocurrió con otra parcela muy próxima denominada Miramar, que el grupo compró por 18,5 millones de dólares para valorarla luego en 32,5 millones.
Por la misma época Bancaja y el Banco de Valencia también aprobaron créditos por importe de 182 millones de euros para comprar más de dos millones de metros cuadrados en Playa del Carmen. A pesar de lo abultado del importe, las tasaciones que supuestamente sirvieron de base para la operación se realizaron tres meses después de aprobarse los préstamos, según el Banco de España. En el caso de otra parcela adquirida en 2007 en Punta Turquesa ni siquiera consta dicha tasación.
Jugosas plusvalías
Aún más llamativas resultan las compras de suelo que se efectuaron en 2006 en la zona de Los Cabos, en Baja California, y que suman más de 30 millones de metros. Por ejemplo, la finca de Piedras Bolas se adquirió por 70 millones de dólares cuando su «avalúo físico» -como se conoce en México a la valoración realizada por un independiente- estimaba su precio en 16,3 millones. Por la de Zacatón se abonaron 140 millones de dólares, cuando la valoración fue de 55,4 millones y su precio real no llegaba a los 30. La sociedad vendedora de ambas se creó sólo tres meses antes y, según el Banco de España, su representante legal era un electricista sin conocimiento del sector. Además, en el caso de Zacatón, había adquirido el suelo sólo dos días antes de colocárselo a Grand Coral, y el de Piedras Bolas sólo dos meses antes.
La investigación posterior habría revelado que dicha sociedad pertenecía en realidad a Ferri y Baldó, según publicó en marzo la SER, que habrían logrado con la misma una plusvalía de 76 millones de dólares. También lograron otra plusvalía de 32 millones cuando la caja valenciana y su filial aceptaron refinanciar la compra de otra parcela, la de Vinoramas, que, en realidad, tendría que haberles embargado. La Guardia Civil cree ahora que la mayor parte de este dinero acabó en Suiza y Andorra.
