Roberto López Abad, director general de la CAM durante una década, no sólo tenía «un control y dominio absoluto de la entidad» sino que le importó más asegurarse su futuro y el de los miembros del comité de dirección que la agónica situación de la caja. Una entidad que tuvo que ser intervenida por el Banco de España poco después de que de que, con López Abad al frente, se asignaran unas retribuciones por encima de las que correspondían dado el estado contable real de la entidad, cuyo falseo sirvió precisamente para engordar estos emolumentos.
La Fundación CAM, acusación particular junto al Fondo de Garantía de Depósitos en las causas abiertas por la gestión de la caja (excepto la que investiga la emisión y venta de participativas y preferentes, en la que comparte con el Sabadell la condición de responsable civil) esgrime estos argumentos para impugnar el recurso que contra su procesamiento en la pieza principal ha presentado el exdirector general.
Frente a la afirmación de López Abad de que todo lo que cobró de la CAM estaba aprobado por sus órganos, incide la Fundación en el «control y dominio» de la entidad que tenía el entonces director general «por las características de los consejos de administración de las cajas de ahorro formados por representantes de los impositores o de diversos sectores o intereses sociales no profesionales del sector». Eso además de que, según mantiene la heredera de la Obra Social, el ex alto ejecutivo fue «el protagonista y mayor artífice de las falsedades del año 2010», el ejercicio en el que, junto a los seis primeros meses de 2011, hasta su intervención por el Banco de España, se ha detectado la presunta falsedad de las cuentas que se investiga en este procedimiento.
Alude esta acusación al «contundente material probatorio» que incriminaría a la excúpula de la CAM entre lo que cita los correos electrónicos sobre las indemnizaciones por las prejubilaciones del comité de dirección «en los que participaron Roberto López, la propia María Dolores Amorós y el director general de Recursos Humanos, Vicente Soriano». Además de estos tres directivos en esta causa está imputado también el último presidente de la entidad, Modesto Crespo, y los directores Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. A todos ellos se les atribuye haber urdido un plan para maquillar la realidad contable de la caja para declarar beneficios cuando en realidad sólo había pérdidas.
En cuanto a la prejubilación de López Abad, mantiene la Fundación que «en plena crisis económica y al colapso de la empresa se fijaron las condiciones de la prejubilación del sr. López Abad (en junio de 2001) en los pingües términos del mes de febrero. Esto ocurre además cuando las condiciones de prejubilación de sr. López Abad ya estaban fijadas de modo menos gravoso para la caja: de ahí que el sr. Soriano le diga en ese correo electrónico que ´aunque supone un subidón´, ´le veo más inconvenientes que problemas´, recalcando que se encontraban ´en momentos de crisis, recortes de gastos, de ayudas, etc.´ Y concluye en este punto que el exdirector general «disfrutó en el mes de junio de las mismas condiciones los otros cuatro directivos habían disfrutado en el mes de febrero. Unas condiciones que si ya en febrero eran inadmisibles, más inadmisibles resultaban en el momento de máxima crisis de la entidad, intensificando de esta manera su perjuicio».
No se olvida la Fundación de hacer mención a un auto anterior de la misma sala que ahora tiene que resolver el recurso de López Abad en el que se refiere expresamente a «unas cuentas inexactas que no recogían la auténtica realidad patrimonial y por lo tanto dieron lugar a desembolsos en perjuicio de la entidad». El mismo auto donde, en alusión al exdirector general y a su sucesora, María Dolores Amorós, afirma expresamente que «no pusieron oposición alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad para la que trabajaban con perjuicio para los accionistas, acreedores y clientes e impositores y en beneficio propio como se extrae de la firma de un contrato antedatado (...) que les autorizaba incluir en las cuentas de 2011 el cobro de suculentos planes de jubilación ante la posibilidad cierta de que situación real de la CAM fuera conocida y abocara a una intervención del Banco de España, como de facto ocurrió poco después».
