Coepa tiene a día de hoy muy complicado, por no decir imposible, encontrar una solución a ese quebradero de cabeza en el que se ha convertido el centro de oficios de Babel. No sólo se trata de que el Consell ha dado un plazo de siete días a la patronal para pagar los 3 millones que debe en estos momentos, entre amortizaciones e intereses, lo que, en la práctica podría abocar a la organización empresarial a su desaparición ante su incapacidad para poder hacer frente a estas deudas. Si con eso ya no tuviera poco, el nuevo alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, no sólo ha cerrado la puerta a cualquier tipo de negociación, sino que ha dejado clara su intención de rescindir el convenio firmado con Coepa, por el que se cedía el suelo sobre el que se levanta el centro de oficios. Se ampara simple y llanamente en que el acuerdo se ha incumplido, después de que las instalaciones hayan permanecido cerradas durante dos años, sin que, por tanto, se haya impartido formación alguna, tal y como se había estipulado desde el principio.
Si es cierto que desde su posición de alcalde, ahora se muestra más cauto y prudente que hace dos semanas, pero, en el fondo, viene a corroborar lo que ya había venido declarando. Literalmente, dijo ayer que «voy a reclamar de forma inmediata el expediente completo sobre el centro de oficios para tomar una decisión fundamentada, y siempre en defensa de los intereses de la ciudad de Alicante. Una vez estudiado el expediente, y consultado con los socios de gobierno, tomaremos una decisión». No obstante, dejó bien claro, y, además, utilizando estos términos, que «advertimos que todo convenio suscrito ha de cumplirse y en caso alguno vamos a permitir que el incumplimiento de un convenio suponga un perjuicio para la ciudad de Alicante, que nada ha incumplido». No quiso ahondar más en el tema, pero con eso ya dejaba en evidencia su posición. Venía a ratificar la postura que hizo oficial el pasado 1 de junio, cuando, a través de un comunicado, ya avanzó que una de sus primeras medidas sería impulsar las acciones legales correspondientes para recuperar el centro de oficios, y, para ello, se amparaba en el incumplimiento del convenio. No se estaba impartiendo formación, y eso era motivo más que suficiente para dejar sin efecto el acuerdo, manifestó en ese entonces. Incluso adelantaba que la intención era preparar el edificio para ofrecer formación a personas en situación de desempleo a través de la Agencia de Desarrollo Local.
Postura que ya ha quedado clara
La posición de los socios de gobierno de Echávarri tampoco ayuda mucho a Coepa. De entrada, los ediles de EU en el anterior mandato, hoy concejales por Guanyem, ya mostraron en su momento su oposición a que el Ayuntamiento de Alicante se prestara a rescatar a Coepa, y hasta llegaron a exigir la rescisión del convenio alegando que la patronal había incumplido el acuerdo, de manera que el suelo municipal y el edificio debían revertir en la ciudad de Alicante. Su intención era que la propia Agencia de Desarrollo Local asumiera los cursos que se pudieran impartir, precisamente como plantea ahora el alcalde. Tampoco parece que la postura de Compromís se vaya a salir mucho de esta línea. No en vano, en octubre del año pasado la entonces diputada autonómica de esta formación Mireia Mollà ya registró una pregunta en las Cortes valencianas con la que, a efectos prácticos, venía a conminar al Consell a ejecutar el crédito.
Así las cosas, y con estos puntos de partida, parece que la suerte está más que echada. Otra cosa es que, en un momento dado, Echávarri y sus socios reconsideren su posición, tiendan puentes hacia Coepa y se decidan a negociar, para evitar su desaparición. En cualquier caso, el Gobierno municipal ya tiene sobre la mesa un escrito registrado por el presidente de Cepyme en Alicante, Cristóbal Navarro, en el que pide que en el primer pleno de este mandato se lleve como punto la rescisión del convenio con Coepa.
En manos de los que vengan
Tampoco más favorable para los intereses de Coepa es la postura que mantiene el Consell. No sólo se trata del burofax que acaba de enviar en el que le da siete días a la patronal para pagar esos 3 millones de euros. Además, viene a dejar en manos del futuro Gobierno autonómico lo que pase a partir de ahora. Desde Valencia confirmaban ayer que ahora poco más pueden hacer. Ya se ha pedido a la Abogacía de la Generalitat un informe jurídico sobre la situación. Sin embargo, admitían que, por una cuestión de tiempo, lo que suceda en las próximas semanas dependerá de la negociación que se pueda abrir entre la patronal, el recién estrenado equipo de gobierno municipal, y el nuevo Consell. Ellos ya no pueden nada.
Mientras tanto, la Fiscalía de Alicante ya ha dado traslado a la fiscal jefe de Valencia de la denuncia que interpuso Cepyme contra la directora del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Mariona Roger, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y ayudas públicas ilegales por su «pasividad» a la hora de reclamar la deuda que Coepa tiene con el banco de la Generalitat, y en la que el presidente de las pymes en Alicante, Cristóbal Navarro, también metía al ya conseller de Economía en funciones, Máximo Buch; y al de Hacienda, Juan Carlos Moragues; así como al jefe del Consell, también en funciones, Alberto Fabra.
Ahora sólo falta por ver qué pasa entre unas cosas y otras. De momento, lo único claro es que hay muchos frentes abiertos, y en todos Coepa y el centro de oficios que tiene la patronal en Babel corren el riesgo de salir mal parados.
