Cuando ya todos pensaban que caer más bajo era imposible, llegan las cifras y se empeñan en demostrar todo lo contrario. Así queda en evidencia en un informe de licitación pública de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana. Los números no dejan ningún espacio para la duda: las licitaciones del Gobierno central en esta autonomía han vuelto a tocar fondo en el primer trimestre del año, situándose de nuevo en mínimos históricos. Ni la tan cacareada recuperación de la que tanto están sacando pecho desde el Ejecutivo de Rajoy ni la proximidad de las elecciones, tanto las autonómicas y locales del pasado mes de mayo como las generales que llegarán en cuestión de meses, han conseguido insuflar un poco de esperanza en un sector tan castigado como el de la obra pública, pese a la importancia que tiene como motor de creación de empleo y riqueza. Tanto es así que en los primeros meses de este año las licitaciones de la Administración central en Alicante, Valencia y Castellón apenas superan los 15 millones de euros, lo que, al final, se traduce en el 1,37% de las inversiones para el conjunto del territorio nacional.
El informe, no en vano, pone el acento en que ya durante el pasado ejercicio quedó patente esta discriminación. El Gobierno incrementó un 56,3% el dinero destinado a futuras inversiones por la vía de las licitaciones en toda España. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, lejos de notarse cualquier indicio de mejoría, la marginación fue más acusada: el importe destinado a obra pública se desplomó hasta los 140 millones, un 58,91% menos, acumulando así una nueva caída.
No menos demoledores son los guarismos en estos primeros meses de 2015 cuando se analizan por áreas. La Dirección General de Carreteras lidera el ranking, con 12,6 millones de euros en proyectos sacados a licitación y, a partir de ahí, las cifras de Adif, de Autoridades Portuarias y del Ministerio de Agricultura son irrisorias. Así las cosas, desde la Cámara de Contratistas reprochan al Gobierno central que haya incumplido todas y cada una de sus promesas, hasta el punto de acusar al Ejecutivo y, en particular, al presidente Rajoy y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, de haber engañado a los empresarios durante todo este tiempo.
No menos duro, como es lógico, se muestra el presidente de la Federación de Obras Públicas en Alicante (FOPA), Javier Verdú. De entrada, deja claro que la radiografía del conjunto de la Comunidad Valenciana es totalmente extrapolable a esta provincia, igual de castigada y marginada que Valencia y Castellón. «Las licitaciones de la Administración central han vuelto a caer a mínimos inesperados e inexplicables para una Comunidad como ésta, que aporta algo más del 9% al PIB y se sitúa por debajo del 2% en inversiones públicas, y lo peor es que, con los presupuestos en la mano, no esperamos que llegue mucho más en los próximos meses», lamenta Verdú.
El dirigente de FOPA admite que no acaba de encontrar una explicación «lógica» a esta situación, pero sí tiene claro, y así lo subraya, que, «por no necesitar infraestructuras no es, porque, por ejemplo, en Alicante tenemos pendientes los accesos al aeropuerto, la variante de Benissa o la segunda fase de la Ronda Sur de Elche, junto a otras infraestructuras ferroviarias, y cuando aquí está demostrado que cualquier infraestructura que se hace resulta productiva y rentable», sentencia.
Ante este escenario, Javier Verdú no puede esconder su pesimismo: «Sólo nos queda seguir reivindicando, como hemos hecho hasta ahora, con documentos y pidiendo reuniones, aunque la sensación que tenemos es que se da por perdido, que no nos hacen caso», concluye.
