Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a la reforma laboral y, en este caso, a las modificaciones que facilitaron los Expedientes de Regulación de Empleo en el sector público. En concreto, el Alto Tribunal ha anulado la definición de «insuficiencia presupuestaria» incluida en el reglamento que desarrolla la citada reforma y que era lo que permitía aducir causas económicas para los recortes de personal de la empresas públicas y las administraciones. Así, el reglamento consideraba que se producía la citada situación cuando la Administración Pública de referencia tenía déficit o cuando se producía una minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7 % en los dos ejercicios anteriores.
A juicio de los magistrados, esta definición contraviene el Estatuto de los Trabajadores, que sólo justifica los despidos colectivos cuando la insuficiencia presupuestaria es sobrevenida y persistente, algo que no se cita en el reglamento, para el que bastaría que un año se produjera déficit.
